La propuesta presupuestaria presentada por el equipo de Donald Trump deja claro hacia dónde quiere orientar su hipotético segundo mandato: menos inversión en las necesidades básicas de la ciudadanía y más fondos para defensa y control migratorio. Con un recorte de 163.000 millones de dólares al presupuesto federal, la iniciativa se perfila como una ofensiva directa contra el gasto social, dejando atrás las promesas de un “populismo obrero” que en su día sedujo a amplios sectores del electorado.
Entre los sectores más perjudicados estarían la educación, la vivienda y la investigación médica, pilares fundamentales para garantizar igualdad de oportunidades y salud pública. Al mismo tiempo, el plan prevé un incremento sustancial del gasto en defensa y seguridad nacional, alcanzando un aumento cercano al 65% respecto a niveles anteriores. Esta medida coincide con una retórica endurecida en materia migratoria, convertida en uno de los ejes de su campaña.
El recorte más simbólico podría ser el de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que sufrirían una merma de más del 40%. En plena era postpandémica, esta decisión parece una apuesta arriesgada, por no decir temeraria, en un país donde el sistema sanitario ya presenta profundas desigualdades. Además, se plantea desviar más de 2.000 millones del IRS (la agencia tributaria), en lo que se interpreta como una estrategia política para desmantelar la vigilancia fiscal sobre las grandes fortunas.
En el plano político, la propuesta no solo ha encontrado rechazo entre los demócratas, que la califican de antisocial y regresiva, sino también entre algunos republicanos moderados. La senadora Susan Collins expresó su preocupación por la reducción de programas que ayudan a la población más vulnerable a calentar sus hogares, y criticó la presentación tardía y poco detallada del plan.
Llama la atención que entre las víctimas del tijeretazo esté el Departamento de Educación, al que se le pretende recortar un 15% de su presupuesto. También sufrirían recortes severos el Departamento de Vivienda y las agencias federales de investigación espacial y seguridad, como la NASA o el FBI. De aprobarse, supondría el retroceso más significativo en inversión social desde 2017.
