El partido Movimiento Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta este lunes 17 de marzo de 2025 para establecer una unidad especial encargada de vigilar a los medios de comunicación y supervisar el uso de la financiación pública que reciben. La iniciativa, planteada en el Congreso de los Diputados, busca garantizar la transparencia en los recursos asignados a la prensa y extender el control al ámbito de la medición de audiencias digitales, con el objetivo de obtener «datos reales» sobre su alcance e influencia.
La formación argumenta que esta medida responde a la necesidad de combatir la desinformación y asegurar que los fondos estatales se utilicen de manera efectiva y alineada con el interés público. Según Sumar, la falta de regulación clara en la financiación de los medios ha permitido una distribución desigual y poco transparente, beneficiando a ciertos grupos mediáticos en detrimento de la pluralidad informativa. Además, el partido aboga por incluir en esta supervisión los sistemas de medición de audiencias digitales, cuestionando la fiabilidad de las métricas actuales y su impacto en la asignación de recursos.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores la ven como un paso hacia la rendición de cuentas, otros la critican como un intento de restringir la libertad de prensa y establecer un control político sobre los medios. Sumar ha insistido en que no busca censurar contenidos, sino garantizar que el dinero público no se destine a financiar narrativas sesgadas o desinformación. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre la estructura y funcionamiento de esta unidad ha alimentado el debate sobre sus posibles implicaciones.
Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la influencia de los medios digitales y la sostenibilidad del periodismo tradicional, especialmente tras recortes en la financiación pública en varios países europeos. Aunque la propuesta aún debe debatirse y aprobarse, marca una nueva apuesta de Sumar por reforzar la intervención del Estado en sectores clave, en línea con su agenda progresista. El desenlace de esta iniciativa podría redefinir las relaciones entre el poder político y los medios en España en los próximos años.
