El grupo parlamentario de Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno amplíe los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, frente a las 16 actuales. La propuesta busca cumplir uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE antes de la investidura de Pedro Sánchez, que también incluía medidas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y la actualización del Salario Mínimo Interprofesional.
A pesar de que la medida forma parte del pacto entre ambas formaciones, su aplicación podría chocar con las prioridades económicas del Ejecutivo. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido de que una ampliación de los permisos de paternidad y maternidad podría afectar a la productividad laboral, un ámbito en el que España se encuentra entre los países con menor avance dentro de la Unión Europea.
Sumar, sin embargo, insiste en que la extensión del permiso es una cuestión de igualdad y conciliación. En su propuesta, la formación liderada por Yolanda Díaz denuncia la brecha de género en el reparto del tiempo dedicado al cuidado de los hijos, señalando que las mujeres invierten de media 6,7 horas diarias en esta tarea, mientras que los hombres solo dedican 3,7 horas. Además, reclaman que el permiso parental de ocho semanas sea remunerado, en línea con la normativa europea aprobada en 2019, un asunto que ya generó tensiones con el PSOE el pasado septiembre, cuando Hacienda paralizó su aplicación.
Esta no es la única iniciativa que Sumar ha impulsado recientemente en el Congreso. En medio de la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la formación ha intensificado su presión sobre el PSOE para desbloquear varias medidas sociales. Entre ellas, la reforma del Ingreso Mínimo Vital, con la que busca agilizar el acceso a la prestación y simplificar los trámites burocráticos. Según datos de la AIReF, solo el 36% de los hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda la reciben, en gran parte debido a la complejidad del proceso de solicitud.
Además, Sumar mantiene otro frente abierto con el Ministerio de Hacienda en relación con la exención del IRPF para los trabajadores afectados por la última subida del salario mínimo. Ante la negativa del departamento dirigido por María Jesús Montero, la formación ha optado por presentar una iniciativa legislativa que fuerce una corrección en el Congreso. También reclama la implantación inmediata de la ayuda universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de seis años, que todavía se encuentra en fase de negociación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha insistido en la necesidad de dar prioridad a las políticas sociales en la agenda del Gobierno. «Estamos hablando de medidas que impactan directamente en la vida de millones de personas y que no pueden quedar relegadas en el debate público», afirmó el viernes en una entrevista en Onda Cero. Mientras tanto, Hacienda mantiene total hermetismo sobre el estado de las negociaciones presupuestarias.
