La Guardia Civil ha practicado este martes el registro del Ayuntamiento de Soria y de dos domicilios particulares dentro de una investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La operación, dirigida por el Tribunal de Instancia número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, se ha saldado con seis detenidos, cuatro en la provincia y dos en la Comunidad de Madrid, sin que se descarten nuevas detenciones.
Entre los arrestados figura la concejala socialista Yolanda Santos, que fue responsable del Área de Comercio y actualmente ocupa la concejalía de Medio Ambiente. También ha sido detenido su marido. El foco de los agentes apunta a presuntas irregularidades en la contratación municipal desde esa área con empresas vinculadas a la edil. Santos poseía un tercio de Biosfera Soria, una empresa de actividades ambientales y deportivas, antes de incorporarse en 2019 al equipo de gobierno. Al asumir responsabilidades públicas, vendió sus participaciones, aunque la empresa continuó trabajando posteriormente con distintas administraciones y recibió varios encargos del Ayuntamiento por un importe conjunto que rondaría los 55.000 euros entre 2023 y 2025.
Los registros han afectado no solo a la concejalía de Turismo y Comercio, sino también a despachos vinculados a las áreas de Hacienda y Alcaldía. Las diligencias están declaradas bajo secreto de sumario.
El consistorio soriano lleva gobernado por el PSOE casi dos décadas. Hasta el pasado mes de abril, su alcalde era Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE en Castilla y León, quien dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León. En el departamento de la concejala detenida trabaja además la hermana del exalcalde, contratada para gestionar proyectos medioambientales con cargo a fondos europeos Next Generation, una contratación que ya fue objeto de polémica en su momento.
El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura prestar la máxima colaboración a la autoridad judicial, aunque señala que, al estar las actuaciones bajo secreto de sumario, carece de información suficiente sobre el alcance de las diligencias y pide evitar especulaciones hasta que se conozcan los hechos.
El PP en las Cortes de Castilla y León ha pedido explicaciones inmediatas a Carlos Martínez y ha calificado de graves las consecuencias institucionales de la investigación, recordando que el Ayuntamiento ha estado bajo gestión socialista durante casi dos décadas.
