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El consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O’Leary, ha advertido en una entrevista al Financial Times que podría retirar otro millón de plazas en vuelos hacia y desde España para el verano de 2026 si el gestor aeroportuario español no da marcha atrás en la subida del 6,5 % de las tasas. La amenaza llega apenas unos días después de que Ryanair confirmase un recorte similar para la temporada de invierno, lo que en la práctica supondrá millones de asientos menos en el mercado español.
“Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar”, sentenció O’Leary, que acusa a Aena de actuar como un monopolio y que ha emplazado al Gobierno español a intervenir. “Si el Ejecutivo no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás en esta subida de tasas, no tengo ningún interés en atenderlos”, añadió el directivo, que ha anunciado su regreso a Madrid en dos semanas, donde podría oficializar el nuevo recorte.
La aerolínea de bajo coste ya había reducido su capacidad este verano en alrededor de 800.000 asientos, concentrando los ajustes en aeropuertos regionales como Santiago, Jerez, Valladolid, Vigo, Santander, Zaragoza o Vitoria. La eliminación de frecuencias y, en algunos casos, el cierre de bases operativas ha encendido las alarmas en comunidades que dependen en gran medida de la conectividad aérea para sostener el turismo y los negocios locales. Al millón de plazas eliminado en invierno, se sumaría ahora un recorte estival que podría golpear de nuevo a las rutas más frágiles.
Desde Aena, las críticas son contundentes. El gestor ha rechazado las acusaciones de “monopolio” y asegura que la subida de tasas, unos 0,68 euros por pasajero, responde a criterios de sostenibilidad económica del servicio. Altos cargos del ente consideran que Ryanair utiliza la presión mediática como una estrategia para obtener ventajas comerciales, y han llegado a calificar su actitud de “chantaje” y “estrategia de extorsión”. El propio Gobierno, aunque reconoce el impacto que un recorte masivo de vuelos tendría sobre la conectividad, se muestra reacio a aceptar el tono de O’Leary. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha tachado las amenazas de la aerolínea de “inaceptables”, recordando que los derechos de los pasajeros deben prevalecer sobre los intereses particulares de una compañía.
La disputa no es menor. España es uno de los mayores mercados de Ryanair, clave tanto por el volumen de turistas internacionales como por el peso de los vuelos domésticos. Una retirada de capacidad a gran escala afectaría a la competitividad de los aeropuertos regionales y encarecería los precios de los billetes, al reducirse la oferta en rutas que apenas cuentan con alternativas. Además, la incertidumbre podría desalentar a los operadores turísticos que dependen de la regularidad de los vuelos low cost.
Aena insiste en que su política de tasas está en línea con la de otros grandes aeropuertos europeos y que la modernización de las infraestructuras exige ajustes. Pero la historia reciente de Ryanair demuestra que O’Leary no amenaza en vano: allí donde los costes suben por encima de lo que considera razonable, la compañía repliega sus aviones sin contemplaciones.
El desenlace, que se juega en las próximas semanas, marcará el rumbo del mercado aéreo español en un momento clave para el turismo y para la movilidad interna del país.
