Sánchez se irá. No es una consigna ni un deseo: es la consecuencia lógica de un ciclo político construido sobre equilibrios inestables. Lo verdaderamente relevante no es cuándo, sino qué ha ido dejando por el camino y qué ocurriría si, tras unas futuras elecciones sin mayorías claras, decide no irse y volver a gobernar a base de remiendos parlamentarios. No hemos calibrado aún la magnitud de lo que esta sucediendo.
Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 prometiendo regeneración democrática. Accedió al poder de forma legítima, pero con una base frágil. Desde entonces, la cronología habla sola. En 2019, España se acostumbró a la interinidad; en 2020, a una coalición inédita sostenida por fuerzas que no creen en el marco constitucional. En 2021 llegaron los indultos a los líderes del procés, justificados en nombre de la “concordia”. El argumento fue político; el efecto, jurídico: la idea de que el reproche penal puede modularse si la coyuntura lo exige y le conviene a Sánchez y a sus socios, como a Yolanda. En 2023, tras perder las elecciones, Sánchez decidió quedarse. Y en 2024–2025 aceptó lo que días antes calificaba de inconstitucional: una amnistía negociada fuera del Parlamento.
En España, según el sistema político actual, el poder efectivo lo ostenta el Gobierno y, en la práctica, el presidente del Gobierno. Recordemos que eso fue una decisión en su dia del Rey emerito. Modernizar la España que heredó y devolver el poder al pueblo, que votó una Monarquía Parlamentaria, allá por el 6 de diciembre del 78. Por lo que el Rey cumple su función constitucional, pero no gobierna. No arbitra el día a día del poder ni corrige sus excesos. Y el actual, ni está ni se le espera -dicen que Leti no le deja- Que es mejor estar callado. Ni le ha dejado felicitar a Corina por lo del Nobel. Así que todo el peso de las decisiones, y por tanto de las responsabilidades, recae en quien ocupa La Moncloa, hoy es Sanchez.
Sánchez se irá. No porque exista un contrapeso institucional que lo empuje – hoy no tiene rival- sino cuando ya no pueda sumar. España no caerá. Se acostumbrará. Y cuando un país se acostumbra a eso, deja de preguntarse quién manda y empieza a preguntarse hasta dónde está dispuesto a aguantar. Pues cada vez mas, mandan los que llegan de fuera, los que no dan un palo al agua, los que “okupan”, los subvencionados y los que no cumplen las normas. Hacienda nunca va a por un mantero, este no recibirá nunca una carta negra un vienres por la tarde, pero si le llegará al de la tienda de camisetas que tienen estos detrás de sus mantas.
Hoy se ha desplazado la frontera entre legalidad y necesidad.
El método importa. No porque una ley concreta sea el problema, sino porque el poder ha aprendido a presentarse como imprescindible. La célebre pregunta —“¿De quién depende la Fiscalía?”— no fue un lapsus; fue una confesión que se le escapo a Sacnehz. Desde entonces, se ha normalizado que las instituciones no limiten al Ejecutivo, sino que lo acompañen y sean sus palmeros. El Parlamento ha dejado de ser el espacio donde se construye el interés general para convertirse en una cámara de compensación de apoyos. Si hay votos, hay ley; si no, se improvisa. La seguridad jurídica no se rompe de golpe: se erosiona por acumulación.
Este modelo no gobierna; administra resistencias. Cada votación relevante requiere una negociación paralela. Cada socio impone su peaje. Y Coalicion Canaria no esta, solo hay uno, bueno una. Cada legislatura se convierte en una prórroga. El Ejecutivo ya no marca rumbo: gestiona supervivencia. España no tiene un proyecto común; tiene acuerdos temporales. Y eso, en política de Estado, se paga.
El impacto económico acompaña a esta lógica. Los defensores del Gobierno exhiben cifras macroeconómicas aunque los datos no explican el conjunto. La deuda pública permanece estructuralmente elevada; los Presupuestos se bloquean o se prorrogan; la fiscalidad cambia con frecuencia; la regulación se vuelve imprevisible.
Ahora imaginemos el escenario que inquieta: que Sánchez no se vaya tan pronto, es lo que yo creo que pasara. Que, tras unas nuevas elecciones, vuelva a hacer lo que mejor domina: sumar lo que no suma y presentar el resultado como estabilidad democrática. Y así nacera otro Gobierno Frankenstein que sería más dependiente, más frágil y más caro. Minorías con poder de veto permanente, concesiones crecientes para sostener cada votación, reformas legales pensadas para sobrevivir una legislatura, no para durar como país. Y para sostenerse, la polarización sería imprescindible.
La herencia más peligrosa no sería un presidente resistiendo más tiempo, sino la reacción social: abstención creciente, cinismo político, normalización de lo excepcional. Cuando el ciudadano asume que votar sirve de poco porque todo se negocia después, la democracia no muere de golpe: se apaga lentamente.
Eso, en política y en Derecho, siempre termina pasando factura. Y, como casi siempre en esta etapa, no la pagará quien se aferra al poder, sino quienes no pueden permitirse el lujo de irse, los Españoles, sean de la comunidad que sean.
