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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Ejecutivo llevará al Congreso una propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La iniciativa surge tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una moción de Vox, respaldada por el PP, que contempla ofrecer información sobre el llamado “trauma posaborto” a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo.
El planteamiento del Ejecutivo busca impedir la difusión de información “engañosa o contraria a la ciencia” sobre la interrupción voluntaria del embarazo e incluir su reconocimiento en la Carta Magna. La propuesta, sin embargo, llega en un momento de escasas posibilidades de prosperar, ya que requiere mayorías reforzadas en ambas Cámaras.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rechazó de inmediato la iniciativa y advirtió a Sánchez de que “puede olvidarse de contar con el PP para reformar un texto que está incumpliendo”, en referencia a los acuerdos con formaciones independentistas. Vox, por su parte, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio, aunque se prevé su rechazo.
Dentro del propio Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordó que Sumar ya había planteado en marzo de 2024 una propuesta similar, que fue descartada entonces por falta de consenso. La dirigente insistió en que la medida no supone una novedad, sino la recuperación de una iniciativa previamente ignorada por Moncloa.
Pese al gesto político, las posibilidades de que la propuesta salga adelante son mínimas. El artículo 167 de la Constitución establece que las reformas parciales deben contar con el respaldo de tres quintos de ambas Cámaras (210 diputados en el Congreso y 160 senadores). Sin el apoyo del PP, la iniciativa del Gobierno no alcanzaría los números necesarios. Además, la Carta Magna impide tramitar reformas constitucionales durante un estado de alarma o de excepción, lo que añade más obstáculos al plan del Ejecutivo.
