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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado firme la sentencia que en junio ordenaba a la Oficina de Conflicto de Intereses investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su participación en los Consejos de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa, dado que su esposa, Begoña Gómez, mantenía vínculos profesionales con la compañía. La resolución se ratifica tras vencerse el plazo legal de 30 días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sin que el Ejecutivo haya recurrido, lo que convierte la sentencia en definitiva.
El origen del asunto data de marzo de 2024, cuando el Partido Popular presentó ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia señalando que Sánchez debió abstenerse de intervenir en las decisiones de apoyo público a Air Europa, puesto que su esposa podría beneficiarse directa o indirectamente debido a sus relaciones con el holding Globalia. La OCI, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, archivó la denuncia en pocos días, alegando que no existía relación profesional ni laboral que justificara conflicto de intereses.
El TSJM, en su sentencia de junio, sostuvo que aquella respuesta fue insuficiente porque la OCI no había practicado una investigación mínima: únicamente se basó en un informe de la Secretaría General de Presidencia que negaba cualquier vínculo relevante entre Begoña Gómez y Air Europa, sin aportar documentación que sustentase esta afirmación. Los magistrados consideraron que los hechos denunciados exigían diligencias adicionales, la valoración de las pruebas solicitadas por el PP, y la emisión de una resolución motivada.
El TSJM obliga ya sin margen de apelaciones al cumplimiento de lo ordenado: la OCI debe tramitar la denuncia, llevar a cabo la investigación correspondiente y emitir una resolución motivada, sea para continuar con la causa o para archivar, en su caso, pero acompañada de pruebas y justificaciones. El tribunal ha dado a la Administración diez días desde la recepción del decreto firme para acusar recibo de la sentencia y para comunicar qué órgano será responsable de su cumplimiento. También ha remitido copia autenticada del expediente administrativo y la resolución para que se ejecute “a puro y debido efecto”.
Para el PP, este fallo supone un varapalo al Gobierno, pues confirma judicialmente que existía al menos la obligación de investigar el rescate de Air Europa desde la perspectiva del posible conflicto de interés. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, los indicios apuntan a que Sánchez debería haberse abstenido en aquellas reuniones del Consejo de Ministros, al estimar que había intereses personales relacionados con su esposa y con la empresa averiguada.
Desde el Gobierno, se ha defendido en distintos momentos que el rescate de Air Europa —que ascendió a 475 millones de euros en noviembre de 2020— se ajustó a derecho, que fue supervisado por órganos de control nacionales y europeos, y que no existían los presupuestos legales que exigirían abstención ni conflicto según los informes presentados ante la OCI.
La sentencia firme del TSJM representa así un punto de inflexión institucional y político: no sólo obliga a investigar, sino que refuerza la exigencia de transparencia en la actuación de los altos cargos públicos. La obligación de motivar decisiones y de aportar pruebas sustantivas marca un precedente. Veremos cómo responde la Oficina de Conflicto de Intereses, cuáles pruebas decide recabar, y cuán exhaustiva será la investigación, pues de ello dependerá no sólo el posible alcance legal del asunto, sino también su repercusión sobre la imagen del presidente del Gobierno y de su partido.
