Trece fiscales de Sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos exfiscales generales del Estado, le exigen a García Ortiz que renuncie a su cargo y que “no responder a las preguntas del magistrado instructor es impropio de un Estado democrático de derecho”.
Los magistrados, en un manifiesto hecho público hoy viernes, exigen al fiscal general que “renuncie para preservar la institución”.
Los trece magistrados de Sala del Tribunal Supremo son Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal (ex fiscal general) , José M. de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra (ex fiscal general).
El manifiesto dice que la actuación de García Ortiz crea “una tensión insoportable” en la institución y la “permanencia de daños tan innecesarios como intolerables”. Además, añade que la fiscal actuante en la causa “se encuentra en una insólita posición contraria a la lógica procesal más elemental”.
Esa lógica procesal, y también la lógica más elemental, suponemos que se referirá a que es absurdo que una subordinada del fiscal general actúe contra su jefe, del cual tiene dependencia orgánica, y a que, naturalmente, esto podría afectar al procedimiento.
También es insólito en nuestro país que el fiscal general sea investigado por la presunta comisión de un delito grave y siga en el cargo. Parece cosa de otro mundo.
El manifiesto indica también que “no cabe, en un Estado de Derecho, otra decisión que la renuncia al cargo de V.E. para preservar la institución”.
Y finalmente el manifiesto indica que “tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando al margen la institución a la que se debe”.
El manifiesto es toda una declaración de intenciones de la Fiscalía, aunque parezca en principio sólo la opinión de la mayoría de los fiscales de Sala del ato tribunal, que ven cómo se está deteriorando el prestigio de la Fiscalía como institución, por la contumacia de García Ortiz de desviar su responsabilidad en un asunto penal tan relevante como es la vulneración de secretos en perjuicio de un ciudadano, por cuestiones partidistas y, en consecuencia, de interés político.
Y es que entre García Ortiz y Sánchez –“la Fiscalía es mía”— han colocado a la institución en su marcador más bajo en la historia de la democracia española.