Las sombras del clientelismo político vuelven a oscurecer el panorama del Gobierno. La declaración de Jéssica R., ex pareja del exministro José Luis Ábalos, ante el Tribunal Supremo, ha destapado una serie de maniobras que cuestionan la transparencia en la gestión de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Durante dos años y medio, Jéssica R. recibió más de 31.000 euros en salarios sin haber desempeñado ningún trabajo real, según ella misma ha admitido ante el juez.
Las consecuencias políticas de esta revelación podrían alcanzar a dos ministros del actual Ejecutivo: Óscar Puente, titular de Transportes, y Luis Planas, ministro de Agricultura. Ambos son responsables de las entidades estatales que contrataron a la ex pareja de Ábalos y ahora enfrentan preguntas incómodas sobre los criterios de selección y supervisión de personal en estas compañías.
Una contratación sin funciones
Jéssica R. fue contratada en Ineco en septiembre de 2019, cuando Ábalos era ministro de Transportes. Según su testimonio, su incorporación se produjo tras enviar su currículum al entonces ministro, seguido de una llamada telefónica en la que le indicaron que subiera su solicitud a una web. Pocos días después, fue convocada para una entrevista «muy sencilla» y posteriormente contratada.
La testigo ha admitido que, pese a su contrato, nunca realizó ninguna labor efectiva en Ineco. «Fui a recoger un portátil, hice un curso de riesgos laborales y me dijeron que debía esperar a que me llamaran», declaró ante el juez. Sin embargo, esa llamada nunca llegó. Durante casi dos años, la ex pareja de Ábalos cobró su salario sin realizar actividad alguna.
Salto a Tragsatec: más de lo mismo
Finalizado su contrato con Ineco en 2021, Jéssica R. pasó a Tragsatec, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, sin que mediara ningún proceso de selección riguroso. Su testimonio es contundente: «No recuerdo dónde firmé el contrato ni cuál era mi puesto de trabajo». Tampoco en esta ocasión realizó ninguna labor efectiva, aunque sí percibió un sueldo público.
A diferencia de Ineco, Tragsatec ha iniciado una investigación interna que ha derivado en el cese de Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal. Sin embargo, dado que la selección de Jéssica R. no estuvo directamente en sus manos, la depuración de responsabilidades está lejos de concluir.
Silencio gubernamental y contradicciones
Las reacciones desde el Ejecutivo han sido ambiguas. En octubre de 2024, el Gobierno respondió a una consulta del Senado asegurando que la contratación de Jéssica R. en Ineco cumplió «con los requisitos establecidos» y descartó la posibilidad de una auditoría sobre los pagos realizados. Sin embargo, el testimonio ante el Supremo contradice esta versión y deja en entredicho la versión oficial.
Por su parte, Óscar Puente, que impulsó una auditoría sobre los contratos de mascarillas durante la etapa de Ábalos, ha evitado hasta ahora comprometerse con una investigación interna en Ineco. Mientras tanto, las explicaciones de Luis Planas sobre la contratación en Tragsatec se han limitado a afirmar que Jéssica R. acreditó los méritos exigidos, aunque su testimonio judicial lo desmiente.
El escándalo de las contrataciones fantasma en Ineco y Tragsatec no solo afecta a dos ministros en activo, sino que también reaviva el debate sobre el uso discrecional de los recursos públicos. La falta de controles en la selección y supervisión de personal en estas entidades estatales plantea serias dudas sobre la gestión del dinero de los contribuyentes.
