Las cifras más recientes sobre presuntas negligencias médico-sanitarias en España han vuelto a situar a Canarias en una posición llamativa. En 2025, la asociación El Defensor del Paciente registró 14.986 casos en todo el Estado, de los cuales 320 correspondieron al Archipiélago.
En términos porcentuales, Canarias concentró en torno al 2,1 % del total nacional, pese a representar aproximadamente el 4,5 % de la población española.
El dato, a primera vista, podría interpretarse como un indicador positivo del sistema sanitario canario. Sin embargo, un análisis más detallado obliga a matizar esa lectura.
Interpretar los datos
La clave está en comprender qué miden exactamente estas estadísticas. No se trata de un recuento de negligencias médicas probadas ni de sentencias judiciales, sino de denuncias y consultas canalizadas a través de una asociación concreta. Es decir, el dato refleja cuántos casos llegan a esa entidad, no cuántos errores asistenciales se producen realmente. Esta diferencia es fundamental para interpretar correctamente la posición de Canarias.
Uno de los factores más relevantes es la menor cultura de denuncia organizada en el Archipiélago.
Diversos profesionales del ámbito sanitario y jurídico coinciden en que, en comparación con otras comunidades, existe una menor tendencia a recurrir a asociaciones estatales o a iniciar procesos formales tras una mala experiencia asistencial.
En muchos casos, las quejas se quedan en reclamaciones internas ante el propio sistema de salud o, directamente, no llegan a formalizarse.
Insularidad, cómo no
A ello se suma el efecto de la insularidad, que no es solo geográfico. El acceso a asociaciones nacionales, despachos especializados en derecho sanitario o redes de asesoramiento jurídico es más limitado que en grandes áreas metropolitanas.
Esta distancia —física e institucional— reduce la probabilidad de que un caso acabe convertido en una denuncia formal ante una organización de ámbito estatal.
El perfil socioeconómico también juega un papel relevante. Denunciar una presunta negligencia requiere tiempo, información, acompañamiento y, en muchos casos, recursos económicos. En territorios donde una parte significativa de la población tiene rentas más bajas o empleos precarios, la capacidad de iniciar y sostener un proceso de este tipo es menor.
Esto no implica menos conflictos sanitarios, sino menos capacidad para convertirlos en denuncias estructuradas.
Paradójicamente, la saturación del sistema sanitario puede actuar como un freno adicional a la denuncia. En contextos donde las listas de espera, los retrasos o la falta de recursos son percibidos como problemas estructurales, muchos pacientes asumen que la responsabilidad no es individual, sino sistémica.
Esa percepción diluye la idea de negligencia personal y reduce la probabilidad de reclamar formalmente, incluso cuando el perjuicio ha sido grave.
Vías de reclamación
Otro elemento a tener en cuenta es la fragmentación de las vías de reclamación. No todos los casos pasan por asociaciones como El Defensor del Paciente. Algunos se canalizan directamente por vía administrativa, otros llegan a los juzgados sin intermediación asociativa y muchos se quedan en el ámbito privado o familiar.
En comunidades con una mayor presencia histórica de estas organizaciones, la captación de casos es mayor; en otras, como Canarias, el infrarregistro es una posibilidad real.
Por eso, el hecho de que Canarias registre menos de la mitad de las denuncias que le corresponderían por peso poblacional no puede interpretarse automáticamente como un indicador de mejor calidad asistencial. Más bien apunta a un déficit en la visibilización del conflicto sanitario.
En términos per cápita, el Archipiélago se sitúa claramente por debajo de la media nacional, lo que sugiere que muchos casos no llegan a contabilizarse en este tipo de estadísticas.
Este matiz es especialmente importante en un año como 2025, en el que el número total de casos a nivel estatal alcanzó su máximo de la última década y los fallecimientos asociados a presuntas negligencias aumentaron de forma notable. En ese contexto, las diferencias territoriales deben analizarse con cautela, evitando conclusiones simplistas.
En definitiva, los datos no permiten afirmar que en Canarias se produzcan menos negligencias médicas, sino que se denuncian menos a través de determinadas vías. La combinación de factores culturales, sociales, económicos y territoriales dibuja un escenario de infrarregistro que condiciona la lectura de las cifras.
