La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, advirtió que «no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». Lo hizo en el acto solemne de apertura del Año Judicial, presidido por el rey Felipe VI y con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje dirigido de forma implícita al Gobierno de Pedro Sánchez.
Perelló pidió a los jueces ejercer su función «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo», y se comprometió a un papel «imparcial y neutral». «Las críticas en función de intereses partidistas no resultan aceptables», subrayó, antes de reclamar «respeto y lealtad institucional» hacia una judicatura que, dijo, adopta sus decisiones por razones jurídicas y no políticas.
Sus palabras llegaron después de que varios ministros hayan cargado en los últimos días contra dos actuaciones judiciales concretas. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió un procedimiento para investigar la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio, mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó medidas cautelares para paralizar los efectos en el censo electoral de la «ley de nietos», dos resoluciones que el Ejecutivo ha criticado con dureza.
La presidenta calificó de «extraordinaria gravedad» acusar a los jueces de actuar por motivos políticos, algo que, advirtió, «puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva» y «compromete el Estado de derecho». Lamentó «las acusaciones generalizadas de que jueces y tribunales adoptan decisiones por razones políticas y no jurídicas», en alusión a los reproches que buena parte del Gobierno ha dirigido a las resoluciones que le resultan contrarias.
Perelló matizó, no obstante, que las decisiones judiciales sí pueden y deben ser cuestionadas. «Las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público», afirmó, y defendió que «la crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia, por severa que pueda ser». Lo que rechazó es que la discrepancia se sustituya por «la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos».
En clave interna, la presidenta reclamó también a los jueces «mesura y prudencia» en sus intervenciones públicas, en un llamamiento a la contención que afecta al conjunto de la carrera judicial. El conflicto en torno a la jueza Tardón se había disparado días atrás, cuando la magistrada pidió reserva sobre un informe policial incorporado a las diligencias de Ceuta, una decisión que provocó la protesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que esos datos eran necesarios para gestionar una situación de seguridad nacional. El CGPJ respaldó entonces las funciones jurisdiccionales de Tardón.
Bolaños respondió por su parte a otra parte de la intervención de Perelló, la relativa al déficit de jueces, que tachó de «discurso político» y frente a la que recordó el impulso de nuevas plazas. El acto, celebrado ante el Rey, escenificó así la distancia entre un Gobierno que reprocha a los tribunales resoluciones que percibe como adversas y una cúpula judicial que reivindica su independencia frente a lo que considera intentos de presión política.
