Santa Cruz lleva años vendiendo una idea sencilla: ciudad viva, capital cultural, destino urbano con músculo para atraer eventos. Y, sin embargo, cuando por fin se ordena el marco para que los conciertos grandes puedan estirarse hasta la madrugada en espacios concretos, llega el frenazo: un máximo de diez al año por recinto y tres por trimestre. Manda huevos.
El problema no es querer conciliar. Nadie con dos dedos de frente discute que el descanso importa, ni que el ruido se mide, ni que el control debe ser exigente.
El problema es el tipo de limitación. Santa Cruz ha optado por el “cupo” como herramienta principal. Y el cupo, por definición, no distingue entre el concierto bien gestionado y el desastre logístico.
Castiga igual al promotor serio que al improvisado. Reduce el debate a una cifra y lo separa del terreno donde realmente se gana o se pierde la convivencia: los decibelios, la orientación del escenario, el perímetro de seguridad, la movilidad, la limpieza, el desalojo y la vigilancia.
Comparaciones
En otras ciudades, cuando el conflicto estalla, la respuesta no suele ser “cortar por lo sano” con un máximo anual tan bajo, sino reforzar el control y acotar condiciones.
Madrid es el ejemplo más claro. El caso del Bernabéu no ha saltado por “demasiados conciertos”, sino por el impacto acústico y su gestión, con procedimientos judiciales y mediciones que apuntan a posibles superaciones de límites nocturnos.
La lección que deja Madrid no es que los conciertos sean un mal en sí mismos, es que sin garantías técnicas y operativas, el modelo se vuelve insostenible. Y precisamente por eso resulta chocante que Santa Cruz, en lugar de blindar el “cómo”, decida sobre todo recortar el “cuántos”.
Barcelona, por su parte, ha escogido un camino distinto: regular de forma explícita un gran recinto (el Parc del Fòrum) con un cupo anual superior (30 días de música) y con horarios diferenciados (una parte en horario cultural hasta las 23:00 y otra con margen para alargar; en viernes, hasta la 1:00 en el esquema anunciado).
Es una fórmula discutible —lo es—, pero al menos no renuncia al volumen de programación, se intenta encajarlo en un marco con reglas previsibles. El mensaje a promotores y ciudadanía es claro: “habrá música, pero con límites, condiciones y calendario”.
¿Y Sevilla, por ejemplo? Su aproximación tradicionalmente ha pivotado más hacia la normativa de contaminación acústica —definiciones, obligaciones y control del ruido— que hacia un “tope anual” de conciertos como regla general de ciudad.
De nuevo, la convivencia se busca por el camino del cumplimiento (y la sanción si toca), no tanto por el de restringir la agenda con una cifra que, además, puede quedarse vieja en dos veranos.
¿Inseguridad?
Visto así, el cupo de Santa Cruz transmite inseguridad, como si la ciudad no terminara de creer en su propia capacidad de gobernar grandes eventos. Porque si el problema es el ruido, la herramienta más precisa no es el “diez al año”, sino una combinación de planes de control acústico exigibles, monitorización en tiempo real, umbrales claros, sanciones automáticas y un diseño operativo que minimice el impacto.
Si el problema es la suciedad o el desmadre, el remedio no es prohibir por calendario, sino poner el listón alto en limpieza, baños, aforos, vallados, transporte nocturno, desalojo y refuerzos policiales, y hacer responsables a promotores con garantías y penalizaciones reales.
El cupo, además, tiene una consecuencia económica poco comentada, crea escasez artificial. Si solo caben diez, cada fecha se vuelve oro. Suben los costes de producción, se concentra la demanda, se encarece el acceso, se prioriza al artista “seguro” y se reducen las oportunidades para propuestas medianas que también construyen ciudad.
En vez de fomentar un circuito cultural, se alimenta un escaparate puntual. Lo menos deseable para la cultura en la ciudad y en la isla.
Y lo más paradójico: el argumento habitual para justificar límites —“proteger el descanso”— puede salir mal si la programación se concentra. Menos eventos, sí, pero más gigantescos, más tensos y más disputados. La ciudad cambia un modelo repartido por uno de “pocos, pero enormes”. Y el impacto sobre movilidad, seguridad y limpieza puede ser igual o mayor.
Santa Cruz tiene una ventaja que otras capitales envidian, como espacios con capacidad, tradición de calle y una ciudadanía acostumbrada a eventos masivos. Si la solución municipal ante el conflicto es rebajar el contador, la pregunta es inevitable: ¿estamos regulando para convivir o regulando para renunciar?
Porque, para una cosa que funcionaba —o que, al menos, tenía margen para funcionar con controles serios—, limitarla de entrada a diez al año suena menos a equilibrio y más a miedo.
Si el objetivo real es la convivencia, hay alternativas. Cupos flexibles ligados a resultados (ruido y quejas verificadas), “penalizaciones” por incumplimientos que resten fechas futuras, auditorías acústicas independientes, mapas de impacto por evento y un sistema transparente de autorizaciones. Pero eso sería gobernar. Lo otro, simplemente, es contar conciertos.
