El gobierno de Panamá anunció el cierre progresivo de los centros migratorios en la provincia del Darién, una medida impulsada por la drástica reducción del 98% en el flujo de migrantes hacia el norte del continente. El presidente José Raúl Mulino destacó este logro durante su conferencia de prensa semanal, subrayando que la operación, iniciada en 2016 para atender a cientos de miles de indocumentados que cruzaban la selva fronteriza con Colombia, ya no es necesaria ante la caída histórica del tránsito migratorio.
Según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración, hace un año, en marzo de 2024, se registraron 36,841 migrantes atravesando el Darién, mientras que en lo que va de marzo de 2025 la cifra se ha reducido a tan solo 112 personas. Mulino atribuyó este descenso al cierre de caminos en la selva por parte de su administración, iniciada el 1 de julio de 2024, y a las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero de 2025. Las deportaciones masivas impulsadas por Trump, junto con un nuevo requisito de registro para extranjeros en EE.UU., habrían disuadido a muchos de emprender el peligroso viaje.
Los centros afectados, ubicados en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, han sido puntos clave de atención humanitaria gestionados por autoridades panameñas, Naciones Unidas y ONG, con un costo estimado en más de 50 millones de dólares desde su creación. Allí, los migrantes recibían alimentos, atención médica y registro biométrico tras salir de la selva. “No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién. Me da mucha complacencia haber cerrado esta operación, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, afirmó Mulino.
El flujo migratorio en el Darién, que alcanzó un récord de 520,000 personas en 2023 —mayoritariamente venezolanos, quienes representaron más del 85% del total—, había comenzado a disminuir en 2024, cerrando el año con 302,203 cruces, un 41% menos que el año anterior. Esta tendencia se aceleró en 2025, influida también por un acuerdo con EE.UU. que financia vuelos de repatriación, aunque no incluye a venezolanos debido a la falta de vuelos directos con Caracas. Mientras tanto, el cierre de los centros plantea desafíos económicos para comunidades indígenas como los Emberá, que dependían del comercio con los migrantes.
La decisión coincide con un giro en la dinámica migratoria regional, con reportes de un aumento de retornados desde el norte, incluyendo 961 personas, 94% venezolanos, que han cruzado de regreso desde Costa Rica en lo que va de marzo. Con este cierre, Panamá reafirma su postura de no ser un país de tránsito, dejando interrogantes sobre el futuro de la ruta del Darién en el contexto geopolítico actual.
