Avisan que desde el 1 al 3 de julio los jueces estarán de huelga, pero no tienen ese derecho. El pasado 20 de abril se publicó en este mismo espacio: “Ahora toca colonizar la Justicia, es lo que le queda a Sánchez” y lo iniciaba escribiendo que lo que viene a continuación es el inicio de la politización del Poder Judicial, nombramientos de jueces a dedo, incluidos. Y ahora resulta que hay huelga en el Poder Judicial por este asalto al tercer poder del Estado. Sobre la huelga, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a hablar. Bueno, hablar… lo justo. Como quien dice, sin decir. En su último pleno ha decidido pronunciarse sobre la huelga de jueces –algunos dicen que también de fiscales–, prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, pero sin mojarse demasiado, apelando al principio de “lo que no está prohibido está permitido”. O sea, como cuando te pillaban de pequeño y decías: “¡Pero si no ponía que no se podía!”.
Así, el CGPJ ha comunicado a las asociaciones convocantes que la huelga no tiene soporte normativo. Que no está regulada. Que no procede. Pero tampoco prohíbe nada, ni declara la huelga ilegal. Es más, se desentiende de fijar servicios mínimos, como ya hiciera en ocasiones anteriores. Eso sí: Pide, por favor, que no se líe mucho y que se sigan repartiendo los asuntos urgentes, como quien solicita que si van a protestar, lo hagan bajito, sin molestar y que no se note.
Todo esto, además, tras un intento de uno de los vocales, Fernández Seijo, que quería que el Consejo dijera alto y claro que la huelga era ilegal, y que, además, se prepararan medidas disciplinarias. Pero ni eso: el pleno lo rechazó, probablemente por miedo a parecer contundente y claro, algo que hoy no se lleva.
Mientras tanto, aprovechan el comunicado para aplaudir (suavemente) a los opositores y advertir al Ministerio de Justicia que su plan de estabilización de jueces y fiscales interinos no resuelve gran cosa. Que meter a cientos de sustitutos en plantilla no es una solución estructural, sino más bien maquillaje con brocha gruesa y con gran carga política.
En resumen: huelga, sí… o no… pero hagan lo que hagan, que no se note mucho. El CGPJ se declara competentemente incompetente, rehúye el conflicto y delega en la cortesía judicial. España, tierra de equilibrios imposibles. ¿Y qué pasa con los fiscales y la huelga? Bueno de eso no voy a hablar por cansino. En cualquier caso, veremos lo que pasa.
Mientras tanto, que el Tribunal Constitucional haya aprobado la Ley de Amnistía con una votación digna del Consejo de Ministros (6 a 4) no debería sorprender a nadie. En esta España nuestra, donde los miembros del Constitucional se eligen como si fueran tertulianos de televisión –por cuotas, afinidades y cenas en Moncloa–, lo raro sería que alguien disintiera sin recibir una llamada incómoda de alguien importante. O de Bolaños, que es más o menos lo mismo.
El presidente Sánchez, tras leer el fallo, apareció exultante, como si le hubieran devuelto a Messi al Barça. Lo llamó “una magnífica noticia”. Claro que sí, Pedro: también lo fue en su día que la Real Academia aceptase «almóndiga» y aquí seguimos, con la misma indigestión democrática.
Mientras tanto, el PP se atraganta con la bilis institucional. Feijóo, que a estas alturas ya ha descubierto que gritar «ilegal» muchas veces no convierte en juez a un registrador, ha vuelto a salir al ruedo con un argumento tan previsible como el discurso de Navidad del rey. Felipe González, por su parte, ha decidido declararse en rebeldía electoral, lo cual añade un poco de nostalgia a esta opereta: el abuelo socialista que amenaza con no votar al nieto rebelde como se presente a las elecciones otra vez.
Pero la pregunta que nadie responde es: ¿La amnistía pacificará Cataluña o simplemente normalizará la tensión? Porque si Puigdemont vuelve a casa con más derechos que un erasmus, ¿qué incentivos quedan para cumplir la ley? Quizá estamos estrenando una nueva categoría jurídica: el delito de Estado, perdonable con mayoría parlamentaria. Otro éxito de la geometría variable, esa ciencia inexacta que estudia cómo se doblan las instituciones sin que nadie se rompa un ligamento.
En otro escenario —más bélico que jurídico—, la OTAN ha exigido a sus miembros que el gasto militar llegue al 5 % del PIB. Una cifra que recuerda más a una hipoteca de los noventa que a un compromiso presupuestario. España, fiel a su tradición de prometer sin pagar, ha dicho que sí, pero no. Que lo intentará, pero con matices. Como cuando alguien dice que va al gimnasio “de vez en cuando”. Y allí estaba Sánchez, asegurando que cumplirá con un 2,1 % porque así se lo han dicho los militares españoles. Pero qué cara tiene este tío. En el fondo, es como si en la boda de tu primo te exigen traje de gala y tú vas con chaqueta de Ali Express : “Pero si es azul marino, ¿no?”
Claro que, en ese mismo foro internacional, Sánchez volvió a lucirse en su papel de líder del ala sensible de la diplomacia, pidiendo a la UE que suspenda su acuerdo con Israel por la masacre en Gaza. Una declaración tan valiente como inútil, porque todos sabemos que Bruselas escuchará… para luego seguir vendiendo drones con IVA reducido.
Y, mientras tanto, aquí, en el solar patrio, la UCO se pasea por casas, despachos y móviles del entorno socialista con una naturalidad que en este momento ni escandaliza. Los del caso Koldo ya son como una familia política más, como los cuñados o cuñadas en Navidad: incómodos, inevitables y con mucho que callar.
(Y lo dejo aquí, porque me dice el editor que no escriba más de un folio y medio, porque nadie lee una crónica larga).
Magnífico artículo.