La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareció este miércoles en la sala Clara Campoamor del Senado ante la comisión de investigación del caso Koldo, citada por el PP para explicar su relación con Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por presuntamente urdir una trama para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno y al partido.
Narbona reconoció mantener una relación «profesional» con Díez desde 2017, pero negó rotundamente haber actuado como su «madrina» o haber intervenido en sus nombramientos en Enusa y Correos. «No lo he sido. Para nada. Hay gente que utiliza el nombre de personas conocidas para hacerse valer», afirmó ante los senadores. Según su versión, cuando Díez le ofreció en su día «información útil», ella entendió que se trataba de datos sobre hechos desconocidos, sin ninguna relación con lo que hoy es objeto de investigación judicial, y decidió derivarla al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en dos ocasiones distintas.
La presidenta socialista aseguró desconocer por completo las reuniones que Díez mantuvo con Cerdán en la sede del partido en Ferraz, encuentros en los que, según la investigación, se habría fraguado el entramado para desestabilizar causas judiciales. «Mi despacho está en la planta cuarta», respondió a la oposición para subrayar la distancia física y funcional respecto a esos encuentros, de los que dijo haberse enterado únicamente después, a través de los medios de comunicación y de los informes de la UCO.
Preguntada por Zapatero, Narbona defendió su presunción de inocencia y evitó exigirle explicaciones públicas inmediatas por las investigaciones judiciales que le afectan en el caso Plus Ultra. Estableció además una distinción explícita entre los distintos casos que salpican al partido: «Cada caso es diferente, hablamos de alguien que merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia vale para todos, pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando», declaró, diferenciando el trato dado al expresidente del dispensado al propio Cerdán o al exministro José Luis Ábalos.
La dirigente socialista negó de forma tajante la existencia de una caja B o de financiación ilegal en el PSOE, y defendió que las cuentas del partido se han sometido a varias auditorías. Reconoció que, de confirmarse judicialmente las conductas atribuidas a Díez, Cerdán y Ábalos, se trataría de actuaciones de «personas concretas» y no de una práctica generalizada del partido, aunque admitió que, de ser ciertas, «han vulnerado una situación de buena fe y confianza». Narbona precisó también que los contratos vinculados a estas tramas se firmaron bajo «mandato e indicación» del propio Cerdán como secretario de Organización, en un intento de circunscribir la responsabilidad a su figura y alejarla de la dirección del partido.
