El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a quedar en el centro de la polémica por una reforma en la normativa de pensiones por invalidez que incluye términos arcaicos y ofensivos para referirse a la discapacidad intelectual. La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero, recupera denominaciones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, términos descartados hace décadas por su carga peyorativa y discriminatoria.
Este cambio en la clasificación de la discapacidad ha desatado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos en salud y asociaciones del colectivo afectado, que advierten sobre el grave retroceso que supone esta medida. En particular, señalan que Argentina ha suscrito la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que establece una terminología respetuosa y criterios inclusivos en la evaluación de la invalidez.
La normativa fue elaborada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y, lejos de ser un error aislado, refleja una línea discursiva que el propio Milei ha promovido desde su llegada al poder. Su desprecio por el lenguaje inclusivo y su rechazo a lo que denomina la “cultura woke” han servido de justificación para decisiones como esta. No es la primera vez que el mandatario utiliza insultos como “mongólico” o “descerebrado” en su discurso público, lo que refuerza la percepción de que este decreto no es una simple torpeza administrativa, sino una manifestación de una postura ideológica que minimiza los derechos de ciertos colectivos.
Un decreto de otro siglo
El contenido de la reforma no es nuevo: se trata de una copia casi literal de un decreto firmado en 1998 por el entonces presidente Carlos Menem, a quien Milei considera un referente político. En ese documento, la discapacidad intelectual se categorizaba de acuerdo con parámetros médicos ya obsoletos, sin atender a las normativas actuales de derechos humanos.
Las asociaciones de discapacidad ya habían advertido sobre el problema antes de que la normativa se hiciera viral en redes sociales. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con otras seis organizaciones, presentó un reclamo formal al Ejecutivo el pasado 3 de febrero, denunciando el carácter “discriminatorio, obsoleto y peyorativo” de los términos empleados. Sin embargo, el Gobierno no reaccionó hasta que la indignación en redes y la presión mediática hicieron insostenible la situación.
Rectificación tardía
Tras la ola de críticas, la ANDis publicó un comunicado en Instagram en el que atribuyó el uso de estos términos a un supuesto “error”, asegurando que la normativa será modificada para alinearse con los estándares médicos y legales actuales. No obstante, el daño ya estaba hecho: la desconfianza en la política social del Gobierno de Milei ha quedado aún más expuesta.
El incidente no solo evidencia una falta de sensibilidad hacia las personas con discapacidad, sino que también deja entrever una preocupante tendencia dentro del Ejecutivo a imponer su visión ideológica sin medir las consecuencias. La pregunta ahora es si esta rectificación responde a una verdadera intención de corregir el problema o simplemente a una estrategia para minimizar el impacto mediático.
