Gustavo Matos, actual vicepresidente segundo del Parlamento autonómico y miembro del PSOE, ha tenido que salir al paso de informaciones que lo vinculan indirectamente con una red de narcotráfico supuestamente liderada por el empresario Mohamed Derbah, hoy en prisión provisional. La defensa de Matos, basada en que todo se reduce a “un café” con el implicado, no ha impedido que surjan interrogantes sobre su criterio político y su rol dentro del entramado institucional canario.
Según ha reconocido el propio Matos, mantuvo una reunión el 29 de enero con Derbah, empresario con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales, en una cafetería de El Corte Inglés en Santa Cruz. El encuentro se habría producido a solicitud del propio Derbah, quien, según Matos, le pidió ayuda para trasladar a instancias superiores una supuesta «guerra interna» entre mandos policiales en Tenerife. A pesar de que el político asegura que no medió ni actuó en nombre de nadie, un informe de la Unidad de Asuntos Internos lo menciona como un posible canal de influencia sobre la Delegación del Gobierno, entonces en manos de su partido. El informe ha sido filtrado y habrá que averiguar por quién.
Tanto la Policía Nacional como la Delegación del Gobierno han afirmado con rotundidad que Matos está fuera del caso Derbah, aunque el PSOE ha abierto un expediente informativo, haciendo caso a sus estatutos, que obligan a hacerlo, pero teniendo en cuenta absolutamente la presunción de inocencia.
Mohamed Derbah no es un desconocido para la justicia. Ya fue arrestado en varias ocasiones en los años 2000 por su implicación en escándalos relacionados con el time-sharing y otras actividades fraudulentas, aunque las investigaciones no llegaron a condenas firmes. Aun así, su nombre quedó asociado a prácticas opacas. Que un político del calibre de Matos acepte reunirse con alguien con este historial, sin verificar su situación legal, plantea serias dudas sobre los filtros que usan los representantes públicos a la hora de aceptar interlocutores. Aunque sería lógico, en su condición de abogado, si se le hubiera pedido consejo profesional.
Aunque Matos insiste en que el encuentro fue inocuo y transparente, y que “no tenía nada que esconder”, lo cierto es que el informe policial lo menciona como parte de las conversaciones de la organización. Que su nombre aparezca en una operación contra el tráfico de cocaína y heroína, aunque sea de forma muy tangencial, no parece un detalle a ignorar. El contexto no ayuda: las islas han sido señaladas recientemente como enclave estratégico para el narcotráfico y el blanqueo.
Desde el PSOE, figuras como Santos Cerdán y Nira Fierro han cerrado filas en torno a Matos, a quien consideran víctima colateral de un ataque que, según el propio implicado, va dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y al ministro Ángel Víctor Torres. Este argumento, que busca despolitizar el caso reduciéndolo a una “campaña mediática”, no responde del todo a las preocupaciones ciudadanas. Pero, ¿quién y con qué interés ha filtrado este encuentro? ¿Qué garantías existen en este país sobre la presunción de inocencia? ¿Cómo se filtran a la prensa, de ser ciertas, unas diligencias previas instruidas por un juzgado? Todo muy extraño y eso juega en favor de Matos, que no tiene conocimiento alguno de su inclusión judicial en el caso Derbah. Insisto, tanto la Policía Nacional como la Delegación del Gobierno lo niegan.
Matos, como es lógico, y está en su derecho, ha anunciado que no tiene intención de dimitir de ninguno de sus cargos, apelando a la transparencia de su conducta y la falta de pruebas en su contra.
Este episodio, más allá del lejano desenlace judicial, abre un debate necesario sobre los vínculos entre élites políticas y económicas en Canarias, así como los mecanismos de control ético dentro de los partidos. Que se normalice la interlocución con empresarios investigados, sin consecuencias ni autocrítica, podría erosionar la confianza pública en las instituciones.
