El sindicato Manos Limpias ha llevado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la crisis migratoria de Ceuta. Su presidente, Miguel Bernad, presentó una comunicación ante el organismo con sede en La Haya, fechada el 20 de agosto en Madrid, para solicitar una investigación independiente sobre los hechos ocurridos en la frontera entre Marruecos y Ceuta desde el 30 de julio de 2026. El escrito pide examinar la posible responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del rey de Marruecos, Mohamed VI, aunque aclara de forma expresa que no pretende anticipar conclusiones ni afirmar hechos que todavía deben ser investigados.
Conviene precisar el alcance jurídico de la iniciativa para no exagerarlo. No se trata de una querella ni de una imputación, sino de una comunicación al amparo del artículo 15 del Estatuto de Roma, la vía por la que cualquier particular u organización puede pedir a la Fiscalía de la CPI que analice unos hechos y decida si abre diligencias. El propio escrito reclama la preservación inmediata de las pruebas disponibles para evitar su pérdida o manipulación, y subraya que señalar a determinadas autoridades no implica atribuirles de antemano responsabilidad penal alguna. La lista de personas cuya actuación se pide examinar es amplia y alcanza, además de a Sánchez y Mohamed VI, a varios ministros españoles de Interior, Defensa, Exteriores, Sanidad y Migraciones, a cargos marroquíes y a los responsables policiales y militares que participaron en la toma de decisiones aquellos días.
El escrito se apoya en varios frentes especialmente sensibles. Uno de ellos es la disparidad en el número de víctimas mortales: frente a los 72 fallecidos de los que habló inicialmente el Gobierno, fuentes ceutíes elevaron la cifra a 88, con estimaciones posteriores que alcanzan los 94 o 96 cuerpos recuperados, además de desaparecidos. Otro punto delicado es la violencia sexual: según la comunicación, a 18 de agosto la Policía Nacional había registrado once denuncias de menores marroquíes por presuntas agresiones sexuales, con dos ingresos en prisión provisional y una expulsión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin que esas medidas cautelares prejuzguen la culpabilidad. Manos Limpias reclama esclarecer si las autoridades conocían el riesgo advertido por organismos públicos y entidades humanitarias y omitieron de forma consciente las medidas de protección disponibles.
El sindicato muestra, además, una cautela poco habitual en este tipo de denuncias. Sobre los episodios de robos, saqueos y alteraciones del orden público de los días posteriores, la organización reconoce expresamente que algunas imágenes difundidas en redes sociales como si correspondieran a saqueos en Ceuta eran ajenas a la ciudad o estaban descontextualizadas, y por ello pide comprobar individualmente cada denuncia y grabación y evitar atribuir de forma colectiva esos comportamientos a la población migrante. El escrito incorpora también el brote de sarna detectado entre los militares desplazados, con 24 casos confirmados por Defensa, dos de ellos anteriores a la crisis.
La iniciativa no es la primera de este tipo, sino que se suma a un goteo de acciones judiciales en torno a la crisis. Apenas diez días antes, la organización Iustitia Europa ya había presentado una denuncia ante la misma Fiscalía de la CPI para que investigara si Mohamed VI y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, ordenaron la entrada masiva y si Marruecos utilizó deliberadamente a miles de civiles, incluidos menores, para desbordar la frontera y dificultar la actuación de las fuerzas españolas. Ambas comunicaciones comparten la tesis de fondo de que la avalancha pudo responder a una operación de Estado, pero su recorrido real es incierto: corresponde ahora a la Fiscalía del tribunal valorar si los hechos expuestos justifican abrir un examen preliminar, un trámite que en la mayoría de los casos no llega a materializarse. La presentación se produce, en cualquier caso, en pleno pulso político y diplomático por la gestión de una crisis que sigue tensionando las relaciones entre Madrid y Rabat y desgastando al Gobierno en el plano interno.
