Miles de personas han tomado las calles de ciudades en todo Estados Unidos este fin de semana. Lo han hecho no por una causa concreta, sino por algo más profundo y abstracto: la defensa de la democracia. Bajo este lema, se esconde un sentimiento que crece desde hace tiempo entre una parte de la ciudadanía: el temor a que la administración de Donald Trump esté cruzando líneas peligrosas, socavando pilares fundamentales del sistema democrático estadounidense.
La inquietud no es nueva, pero sí cada vez más evidente. En apenas tres meses de legislatura, el Gobierno ha adoptado medidas que recuerdan a otras latitudes más asociadas al autoritarismo que a la tradición institucional norteamericana. El desmantelamiento de departamentos enteros, el despido masivo de funcionarios, las deportaciones sumarias sin garantías procesales y el uso intensivo del poder ejecutivo están dibujando un escenario que muchos consideran preocupante.
Las movilizaciones, que han tenido lugar en más de 80 puntos del país, no son un fenómeno aislado ni una simple respuesta emocional. Reflejan una desafección creciente y una pérdida de confianza en los contrapesos institucionales, alimentada por propuestas como la eliminación del derecho a la nacionalidad por nacimiento o la idea –ya insinuada públicamente por Trump– de aspirar a un tercer mandato, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
Al mismo tiempo, se han filtrado documentos que apuntan a una reorganización radical del Departamento de Estado, con implicaciones globales: cierres de embajadas, eliminación de oficinas que trabajan sobre cambio climático o derechos humanos y una retirada progresiva del continente africano. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha intentado desmentir estas informaciones tachándolas de «noticias falsas», aunque sin aportar pruebas concluyentes.
Los críticos ven en estas decisiones una estrategia de concentración de poder y un debilitamiento deliberado de las estructuras que garantizan la rendición de cuentas. Organizaciones como la ACLU han advertido que se están utilizando métodos propios de regímenes que erosionan la democracia desde dentro. Lo que antes se consideraba impensable empieza a adquirir una peligrosa apariencia de normalidad.
Además del autoritarismo institucional, la creciente influencia de grandes fortunas en las decisiones políticas genera alarma. El senador Bernie Sanders ha denunciado abiertamente la «intrusión de la oligarquía», señalando a figuras como Elon Musk como símbolos de una élite económica que está colonizando el poder político y amenazando las prestaciones sociales y la equidad del sistema.
En algunos estados, como Carolina del Sur o Massachusetts, las protestas han señalado también las políticas contra las universidades o el uso excesivo de las fuerzas de seguridad. El caso de Kilmar García Abrego, deportado por error pese a una orden contraria del Tribunal Supremo, ha sido citado como ejemplo de cómo las decisiones del Ejecutivo están bordeando –o directamente ignorando– las resoluciones judiciales.
La tensión entre el poder político y el judicial se ha convertido en uno de los principales campos de batalla. Aunque algunas decisiones del Supremo han frenado los impulsos más extremos del presidente, la creciente presión sobre los tribunales y las divisiones internas de estos –con votos disidentes de magistrados ultraconservadores– auguran un escenario de conflicto institucional constante.
La sociedad estadounidense parece moverse entre dos certezas: la de una presidencia que empuja los límites democráticos y la de una ciudadanía que, al menos en parte, no está dispuesta a quedarse callada. Queda por ver cuál de las dos terminará imponiéndose.
