La Comunidad de Madrid no acudirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Gobierno pretende aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica, y ha pedido al resto de comunidades gobernadas por el PP que se sumen al plantón como vía para paralizar la propuesta. El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso sostiene que el nuevo modelo ha sido pactado «de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña», y acusa al Ejecutivo de impulsar una fórmula que busca «blanquear» al independentismo.
El Gobierno regional justifica su ausencia por el contenido de la reforma y, sobre todo, por el origen del acuerdo. El Ejecutivo central pactó con ERC un nuevo modelo de financiación para Cataluña que garantiza 4.700 millones de euros extra para la Generalitat, un dinero que Madrid considera un privilegio negociado a espaldas del resto. Sol acusa además al presidente catalán, Salvador Illa, de dar continuidad a la gestión de los anteriores gobiernos independentistas y sostiene que el modelo pretende «blanquear» su deuda, en lo que califica de contribución al «blanqueamiento de la corrupción económica y política» de la Generalitat.
El llamamiento al boicot ha provocado desconcierto entre los propios gobiernos del PP, que en su mayoría mantenían la intención de acudir para votar en contra. Aragón ya ha confirmado su asistencia, mientras que Murcia y Castilla y León han pedido retirar la propuesta del orden del día y anuncian que defenderán sus objeciones dentro del propio Consejo. La estrategia de la ausencia, por tanto, deja a Madrid en solitario en su forma de plantar cara, frente a otras autonomías populares que prefieren dar la batalla en la sala.
El Gobierno dispone del 50% de los votos en el Consejo, por lo que solo necesita el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña y Canarias. La ausencia de Madrid, por tanto, no impide que la reforma supere este trámite, que servirá para debatir y someter a votación el texto antes de que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros y remitido después al Congreso.
Fuentes de Hacienda calificaron de «irresponsable» el llamamiento al boicot y de «gamberrismo institucional» la decisión de no asistir y arengar al resto de territorios, y aseguraron que ese comportamiento no impedirá al Gobierno seguir «con la mano tendida» a todas las comunidades. El departamento recordó que la reunión ya se aplazó el pasado 29 de julio a petición de las autonomías del PP, que reclamaron más tiempo e información, y subrayó que todas las comunidades de régimen común confirmaron su asistencia en una reunión preparatoria celebrada este jueves «en un clima de normalidad».
El Ministerio insiste en que el sistema actual lleva «12 años caducado» y sostiene que el nuevo modelo permitirá aumentar los recursos destinados a servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda. El Gobierno pretende convertir esta reforma, que inició la entonces ministra María Jesús Montero, en uno de los grandes asuntos económicos de la legislatura, y acudirá al Consejo, según sus propias palabras, «con ánimo constructivo y voluntad de diálogo». El choque abre una nueva fase en la larga batalla por la financiación autonómica, con la política territorial y el encaje de Cataluña de nuevo en el centro del enfrentamiento entre el Gobierno y el PP.
