Veinte millones de euros. En esa cifra sitúan los fiscales franceses el valor del ladrillo que uno de los empresarios peruanos señalados en la presunta trama de blanqueo de Plus Ultra ha ido acumulando únicamente en territorio galo. Y el rastro no acaba ahí: los investigadores creen que a esas propiedades hay que sumar otras repartidas por Estados Unidos, Perú y Dubái, cuyo valor conjunto rondaría, como poco, «varios millones o decenas de millones».
El grueso de esos inmuebles se concentra en dos puntos: la capital francesa y Hossegor, una localidad costera de Las Landas donde el matrimonio habría fijado su residencia principal. Solo entre esos dos enclaves la Fiscalía calcula un patrimonio cercano a los 16 millones, una suma que trepa hasta los 20 si se añaden otras viviendas que los investigadores atribuyen al mismo comprador pero que aún tratan de confirmar.
Detrás de cada operación aparece una sociedad interpuesta. El empresario habría canalizado las compras a través de distintas mercantiles que controlaba, un método que dificulta seguir la pista del dinero. Los indicios que manejan los fiscales proceden en buena medida del volcado de sus teléfonos móviles, que sitúan el arranque de esa actividad inmobiliaria en 2014.
El foco de toda la causa es el dinero público que recibió la aerolínea. Plus Ultra obtuvo en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros de la SEPI, desglosado en un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34, y la investigación trata de esclarecer qué recorrido siguieron esos fondos y cómo encajan con las adquisiciones de los implicados.
La Fiscalía Anticorrupción española dirige su querella contra los hermanos Baca Arbulu, con doble nacionalidad peruana y francesa, y contra otras cinco personas: los venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el holandés Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español. En junio, la justicia ya había inmovilizado de forma preventiva 17 propiedades ligadas al caso, tasadas en 16,5 millones.
La derivada política llegó con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la misma causa por su asesoramiento a un empresario de su entorno relacionado con la operación. Ninguno de los investigados ha sido condenado y todos rechazan las imputaciones, mientras la cooperación entre las fiscalías española y francesa sigue destapando nuevas piezas del patrimonio bajo sospecha.
