La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Fedeca, anunció este jueves que estudia emprender acciones legales contra el Gobierno tras la aprobación del Real Decreto 644/2026, que modifica los requisitos para dirigir la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y permite designar en el cargo a una persona que no es funcionaria de carrera.
El origen del conflicto está en la maniobra normativa aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio y publicada en el BOE al día siguiente. Hasta ese momento, el artículo 66.2 de la Ley 40/2015 reservaba, como regla general, las direcciones generales a funcionarios de carrera del subgrupo A1, el nivel más alto del escalafón. El decreto incorporó la Dirección General del Tesoro a la lista de órganos exceptuados de ese requisito, abriendo así la puerta al nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco, procedente del Banco de España, en sustitución de Carla Díaz Álvarez de Toledo, designada a su vez presidenta del FROB. El cambio y el nombramiento se aprobaron en la misma reunión del Consejo de Ministros.
El nombramiento resulta especialmente sensible por la identidad del beneficiario. Sánchez-Blanco está casado con Pilar Sánchez Acera, secretaria de Estado y estrecha colaboradora de Óscar López, que ocupaba un puesto en Presidencia del Gobierno cuando se difundió el documento relacionado con el procedimiento tributario de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Fedeca, que agrupa a 46 asociaciones y sindicatos de los cuerpos superiores del Estado, sostiene que el Ejecutivo ha ampliado «de forma injustificada» el alcance de una excepción que el legislador concibió como extraordinaria y estrictamente motivada, con el consiguiente riesgo de «desvirtuar la regla general» que reserva los puestos directivos a funcionarios de carrera. La organización subraya además que el propio preámbulo del decreto reconoce que siguen existiendo funcionarios plenamente cualificados para ocupar el cargo.
La presidenta de la federación, Ana Ercoreca de la Cruz, insistió en que la protesta no cuestiona la capacidad profesional ni la trayectoria de Sánchez-Blanco, sino el uso reiterado de modificaciones normativas para sortear la reserva funcionarial. «Si las excepciones dejan de ser excepciones y se convierten en la vía para modificar la regla general cada vez que resulta conveniente, estaremos debilitando uno de los pilares esenciales de una Administración profesional, independiente y al servicio de todos los ciudadanos», advirtió. La federación estudia ahora presentar recurso ante el Tribunal Supremo con el objetivo de preservar el modelo constitucional de función pública y la profesionalización de la alta dirección administrativa.
