“La mayor reforma de la Justicia en el último siglo parece estar sujeta con alfileres, y los operadores jurídicos temen que el resultado sea un despropósito a coste cero que solo añada más burocracia a un sistema ya de por sí colapsado”
Es el enésimo intento de poner orden en el caos, pero tampoco va a ser esta vez. Con bombo, platillo y algo de confeti institucional, entrará en vigor el próximo día 3 de abril la primera fase de la Ley Orgánica 1/2025, que promete eficiencia judicial como si fuera el último modelo de coche eléctrico de los coreanos. Según su preámbulo, la ley viene a enfrentarse al apocalipsis judicial contemporáneo: relaciones sociales y económicas cada vez más complejas y un volumen de litigios que se reproduce como los embustes de Sánchez. Y claro, la solución no podía ser otra que una reforma estructural que, esta vez sí, va a funcionar ya que las anteriores, obviamente, eran simples ensayos de prueba y error.
La reforma deja cadáveres, como son los juzgados unipersonales. La estrella de esta epopeya jurídica es la creación de los Tribunales de Instancia, que vendrán a sustituir a los ya obsoletos y sobrecargados juzgados unipersonales. ¿La idea? Muy sencilla es el mismo perro pero con distinto collar y a ver qué pasa. Además, nos traen el innovador concepto de Tribunal Central de Instancia, porque todo suena mejor si le añades «central» y le das un aire de coordinación interestelar. Eso de más personal y medios no se le pasa por la cabeza a Bolaños. Y para que la modernidad cale hasta el último rincón del reino, los Juzgados de Paz también se apuntan al lifting legislativo, convirtiéndose en flamantes Oficinas de Justicia con sede en los municipios; el Juzgado de Paz ya es cadáver.
¿Más eficiencia? Más especialización de eso también va la ley orgánica, que es una de esas leyes importantes después de la Constitución. La nueva ley también apuesta por la especialización judicial. Porque, claro, si no conseguimos resolver las cosas rápidamente, al menos que lo hagan expertos en la materia, pero con la misma rapidez. Así que tendremos órganos judiciales específicos para familia, violencia contra la mujer, la infancia y la adolescencia, y, por si fuera poco, también para violencia sexual. Nada podría salir mal si ponemos a más expertos a analizar y resolver problemas, pero los estructurales que llevamos décadas arrastrando, eso ¿para qué?
Y para el colapso, pues aquí tienes tu MASC. El colapso judicial ya no es un elefante en la cacharrería, es una manada entera, y ante esto, la reforma propone apostar fuerte por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (los famosos MASC). Suena futurista y prometedor: en vez de llevarlo todo a juicio, tratemos de hablarlo antes. Porque ya se sabe que, en España, el diálogo y la resolución amistosa de conflictos es algo que funciona muy bien. Lo observamos en el Parlamento, por ejemplo ese gran espejo; y si miramos atrás ¿para que servían las conciliaciones de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil? Pero eso con Bolaños no va, en esa época él no había nacido y si ya estaba en este mundo, no se enteraba. Los elefantes seguirán ahí.
Así que ahí lo tenemos: más oficinas, más tribunales, más especialización y más mediación. Todo muy moderno y bonito, pero con una ligera sospecha de que quizás, solo quizás, el problema no esté solo en la organización sino en una cuestión de recursos, personal, formación y, sobre todo, voluntad real de cambiar el sistema desde la base y eso no ocurrirá, a ningún Gobierno le interesa que la justicia funcione. Es lógico.
Mientras esperamos al día 3, se han levantado peticiones para que se aplace la entrada en vigor. Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia, asegura que los plazos se están cumpliendo y que no hay razón para aplazar nada. Claro que cuando le preguntan por los efectivos y recursos concretos, se vuelve misteriosamente esquiva.
La reforma, que se dividirá en tres fases a lo largo de 2025, promete una Justicia más eficiente. Sin embargo, no estoy tan convencido. ¿No habría sido más sensato empezar por organizar los tribunales de instancia, antes de meter con calzador los medios adecuados de solución de controversias (MASC)? A partir del día 3 abril serán obligatorios para demandar a tu vecino o reclamar al que te debe perras.
Las asociaciones judiciales y fiscales, que ya habían pedido una moratoria de seis meses para poder organizar este caos, le han dicho que tiriri. Pero el Ministerio está más preocupado en aparentar que todo va bien. Y los profesionales, entre los que está mi gremio, no encuentran más que ofertas de editoriales jurídicas ofreciendo cursos y nuevos códigos actualizados. ¡Vaya pelotazo, queridos! Son los grandes privilegiados, las editoriales jurídicas.
Esta reforma, que debería modernizar la Justicia, corre el riesgo de quedarse en nada sin una buena planificación y recursos. Y entre tanto lío, nadie parece tener claro el papel de los operarios de la administración en estos nuevos tribunales, ni cómo van a funcionar realmente. Tampoco en los colegios profesionales, tienen mucha idea, así que te tragas la reforma y probemos el ensayo/error, pero usando como prueba la tutela judicial de los justiciables, ¿verdad Bolaños? En cualquier caso, ahora será más costoso y complicado acudir a un juzgado para resolver sus controversias.
Pero lo que aquí parece que importar no es invertir, sino recaudar y Bolaños acaba de anunciar, que eso de preparar a jueces y fiscales gratis se acabó, y ha decidido que la época del “yo enseño porque quiero y lo que cobro es asunto mío” ha llegado a su fin. Ahora va a por ellos. ¡A regular se ha dicho! Porque, al parecer, ha sorprendido en la rueda de prensa descubrir que algunos de esos pro preparadores de la justicia no tributan por su labor educativa. ¿Quién lo habría imaginado? Pero, claro, si el Consejo General del Poder Judicial dice que algunos lo hacen gratis, habrá que creerlo y yo he sido testigo de que así ha sido, en algunos casos.
El objetivo —cómo no— es luchar contra el fraude fiscal. Vamos, que el Ministerio ha descubierto que hay jueces y fiscales que, en sus ratos libres y con genuina vocación pedagógica, se dedican a preparar futuros togados sin que Hacienda vea un céntimo de sus ingresos. Y a eso Bolaños no le va a dar la bendición. ¡Cuánta filantropía mal entendida!
La fórmula es sencilla, propone regularizar, dar transparencia y garantizar que lo que se cobra sea debidamente declarado. Porque, al parecer, hay cosas en la judicatura que no se pueden permitir: la opacidad fiscal, por ejemplo. Y es que si algo tiene el poder judicial es un estándar ético intachable, ¿no? ahora también queremos transparencia en los ingresos por clases particulares. ¡Qué Reino tan exigente!
Esta brillante idea podría traer consecuencias inesperadas, al menos debe regular no solo a los que preparen a la elite judicial, sino al resto, como a los preparadores o preparadoras de futuros abogados del Estado, notarios, policías, letrados de la administración de Justicia, etcétera.
La propuesta del Ministerio no solo pretende reforzar la integridad de los que ejercen la docencia de manera remunerada, sino también asegurarse de que los preparadores espontáneos —esos que no cobran nada— sigan formando, sin percibir nada a cambio. Eso no puede ser, deben cobrar para tributar. Y, si no, para eso está Bolaños y su próxima academia de jueces y fiscales oficial, que él mismo se encargará de impulsar y, por qué no, quien entra y quien no en la carrera judicial o fiscal.
Por último, hoy lunes me quedo con la decisión del asunto del futbolista esa valiente sentencia de juezas independientes, inamovibles y sometidas únicamente al imperio de la ley. Lo dicho, solo el Poder Judicial nos sacará de ésta. I believe.
Vamos, resumiendo. Poca justicia, hecha a semejanza de su Sanchidad. Yo me pregunto, los jueces no pueden oponerse a tantos despropósitos?