La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas ha generado controversia por su evidente desigualdad en el reparto de beneficios. Aunque se ha presentado como una medida generalizada para todas las autonomías de régimen común, lo cierto es que las principales favorecidas son Andalucía y Cataluña, una región gobernada por el PSOE y otra donde la vicepresidenta ha sido elegida recientemente como número uno de su partido, son las que verán perdonadas ingentes cantidades de deuda. Mientras tanto, la decisión del Ejecutivo supone un nuevo esfuerzo financiero para el Estado, que absorberá esta carga sin que los ciudadanos tengan claro el impacto real sobre la economía nacional.
Un plan diseñado para convencer a ERC y Junts
El origen de esta iniciativa se encuentra en los acuerdos alcanzados entre el PSOE y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Inicialmente, la medida iba a aplicarse exclusivamente a Cataluña, con una quita de 15.000 millones de euros, pero finalmente se ha extendido a todas las autonomías para evitar acusaciones de favoritismo. A pesar de ello, las cifras revelan que la distribución sigue siendo desigual y que las comunidades con mayor nivel de deuda y tradicionalmente infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana, recibirán menos ayuda proporcionalmente.
El criterio principal para repartir la condonación ha sido el volumen de deuda acumulada entre 2009 y 2013, lo que deja en mejor posición a autonomías que han gastado más en el pasado. Andalucía es la gran beneficiada, con 18.791 millones de euros condonados, seguida de Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones). En términos relativos, Canarias es la comunidad que más reduce su pasivo, al liberarse de la mitad de su deuda.
Por otro lado, autonomías con gobiernos del Partido Popular han mostrado su rechazo a la propuesta, alegando que castiga a las regiones que han gestionado sus cuentas con mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que la medida es «objetiva, transparente y técnica», y busca corregir los efectos del modelo de financiación autonómica vigente.
Un coste que asume el Estado
Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es que la deuda no desaparece, sino que pasa a ser responsabilidad del Estado. Esto significa que el Gobierno central tendrá que financiar esta operación recurriendo a más endeudamiento, lo que repercutirá en todos los contribuyentes españoles. En la práctica, la decisión supone trasladar la carga financiera de las autonomías a la deuda pública nacional, incrementando la presión sobre las cuentas estatales en un momento de incertidumbre económica.
Con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Sánchez solo necesita el apoyo de una comunidad para que la medida salga adelante. No obstante, su posterior aprobación en el Congreso dependerá de los acuerdos políticos que el Ejecutivo pueda alcanzar con sus socios parlamentarios, lo que augura nuevas concesiones a formaciones como ERC y Junts. Mientras tanto, el debate sobre si se trata de una política justa o de un nuevo ajuste diseñado para beneficiar a determinadas autonomías sigue abierto.
