El mercado de alquiler vacacional en Canarias lleva meses en retroceso sostenido y los datos de mayo apuntan a que esa tendencia se está acelerando. Según el Instituto Canario de Estadística (Istac), el número de viviendas vacacionales disponibles en plataformas digitales de intermediación cayó en mayo un 20% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 38.337 unidades. Un año antes, en mayo de 2025, la cifra rondaba las 47.648 viviendas, y la tendencia entonces era todavía de crecimiento.

Los datos del Istac muestran que el retroceso se ha ido intensificando a lo largo de 2026 mes a mes. En enero de 2026 había en Canarias 45.253 viviendas vacacionales disponibles, un 5% menos que en el mismo mes del año anterior. En febrero la cifra bajó a 42.896, con una caída del 4%. En marzo se contabilizaron 43.381 unidades, lo que supone una disminución del 10%. En abril el descenso se agudizó hasta el 18%, con 42.367 viviendas disponibles. La cifra de mayo, 38.337 unidades con una caída del 20%, supone el mayor ajuste interanual registrado hasta ahora en esta estadística experimental.

El desglose por islas mantiene la distribución habitual, con Tenerife concentrando en torno al 41% del parque vacacional del archipiélago, seguida de Gran Canaria con alrededor del 22%, y Lanzarote y Fuerteventura con porcentajes algo más reducidos.

La caída no es ajena al nuevo marco legal. El Parlamento de Canarias aprobó en noviembre de 2025 la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, en vigor desde el 13 de diciembre de ese mismo año. La norma endurece las condiciones para comercializar inmuebles como alojamiento vacacional y ha generado un proceso de salida de unidades del mercado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avaló en mayo de 2026 el proceso de consulta pública que precedió a su aprobación, rechazando el recurso presentado contra ese procedimiento.

La propia legislación define la vivienda vacacional como aquella que, amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, se comercializa en canales de oferta turística para ser cedida temporalmente a terceros con fines de alojamiento a cambio de un precio. La reducción del parque disponible en plataformas como Airbnb o Booking responde tanto al efecto directo de esa regulación como a la retirada voluntaria de propietarios que, ante la mayor exigencia administrativa, optan por el alquiler residencial de larga duración.