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La Vuelta Ciclista a España, una de las tres grandes rondas del ciclismo mundial, atraviesa su edición más convulsa. Las protestas pro-Palestina, dirigidas principalmente contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, han forzado modificaciones en el recorrido, interrupciones en etapas y una creciente inquietud entre los corredores, que han votado parar definitivamente la competición si su seguridad se ve comprometida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno central el mismo nivel de seguridad para la carrera que el desplegado para proteger a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en sus comparecencias judiciales. Mientras tanto, Podemos y colectivos como el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León han llamado al boicot y a la desobediencia civil en la etapa 18, una contrarreloj en Valladolid recortada en 15 kilómetros para minimizar riesgos.
La edición de 2025, que debía ser una celebración del ciclismo en su 80ª edición, se ha convertido en un campo de batalla ideológico, con los ciclistas en el centro de un torbellino político que amenaza con descarrilar la carrera antes de su llegada a Madrid el próximo domingo.
El martes, tras una serie de incidentes que incluyeron interrupciones en Figueres, Bilbao y El Barco de Valdeorras, el sindicato de corredores (CPA) celebró una reunión de urgencia. Formado por un representante de cada equipo, el CPA votó por unanimidad continuar con La Vuelta, pero con una advertencia clara: si las protestas pro-Palestina –que han provocado caídas, cortes de carretera y altercados– persisten y ponen en peligro la integridad de los ciclistas, el pelotón detendrá la etapa en curso y podría dar por concluida la competición. «Respetamos el derecho a manifestarnos, pero no aceptamos acciones que nos pongan en peligro», declaró Adam Hansen, presidente del CPA, tras el encuentro.
El punto de inflexión fue la décima etapa, cuando el italiano Simone Petilli (Intermarché-Wanty) sufrió una caída tras la irrupción de manifestantes en el recorrido, lo que llevó al corredor a denunciar en redes sociales: «Solo somos ciclistas haciendo nuestro trabajo. ¡Por favor, no nos pongan en peligro!». En Bilbao, la undécima etapa fue suspendida a pocos kilómetros de la meta por una protesta masiva que desbordó las barreras, obligando a la organización a no declarar ganador. Estas imágenes, con banderas palestinas y pancartas al grito de «Palestina Libre», han marcado una carrera que, según el director técnico, Kiko García, «está en una situación límite».
La etapa 18, una contrarreloj individual de 29,9 kilómetros prevista para este jueves en Valladolid, ha sido modificada a última hora, reduciendo su recorrido a 14,9 kilómetros. La decisión responde a las once manifestaciones convocadas por colectivos pro-Palestina, que planean concentraciones en puntos clave de la ciudad. E trazado original, que debía atravesar el centro urbano, fue considerado de alto riesgo por las autoridades tras el precedente de etapas anteriores. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, calificó las protestas como «legítimas y respetables», pero apeló a la «cordura» para que no interfieran con el desarrollo de la prueba.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono político al exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un dispositivo de seguridad para La Vuelta equiparable al desplegado para proteger a Begoña Gómez, esposa del presidente, en sus comparecencias judiciales en Plaza Castilla. En una entrevista en Antena 3, Ayuso calificó de «horrorosa» la imagen que proyecta España con estas protestas, acusando al Ejecutivo de tolerar un «antisemitismo» que, según ella, «agrede a deportistas y daña la reputación del país». «Si Sánchez puede garantizar la seguridad de su esposa en los juzgados, que haga lo mismo con los ciclistas», afirmó, en una clara alusión al caso de presunta malversación que investiga a Gómez.
Ayuso también ha solicitado por carta al Ministerio del Interior un «blindaje» para la llegada de La Vuelta a Madrid, donde se espera una concentración masiva de manifestantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un dispositivo especial para la capital, asegurando que se compatibilizará el «legítimo derecho de manifestación» con la seguridad de la carrera. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido una respuesta «firme y contundente» contra cualquier intento de «reventar» la prueba.
Esta edición de La Vuelta, marcada por las protestas y las tensiones políticas, será recordada no por sus podios, sino por el eco de una lucha que ha convertido el ciclismo en un escenario de batalla ideológica.
