Los dos reales decretos ley de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros y la crisis de Ceuta centraron la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. Los textos, que se someterán a votación el viernes, colocaron a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el foco de las preguntas de la oposición y de los propios socios del Ejecutivo.
La jornada estuvo marcada por una doble ausencia en el duelo habitual. Ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo intervinieron en el hemiciclo: el presidente no acudió al pleno porque, según su agenda, se encontraba reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de su visita de Estado a España.
Rodríguez afrontó el grueso del debate sobre vivienda. Diputados de ERC, PNV, Junts y del PP dirigieron a la ministra preguntas e interpelaciones sobre su gestión, en una materia en la que el voto de Junts será determinante para la convalidación de los decretos el viernes, ya que la formación de Carles Puigdemont no ha comprometido su apoyo.
El tono más duro llegó desde la oposición en el bloque sobre corrupción. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encajó las preguntas del PP sobre los casos que afectan al Gobierno y al PSOE, y llegó a admitir que «lamentablemente tenemos casos de corrupción», en una comparecencia en la que los populares vincularon vivienda pública y escándalos judiciales con acusaciones de grueso calibre.
La crisis de Ceuta reapareció como segundo gran asunto de la sesión, después de que el pleno extraordinario sobre la entrada masiva de migrantes de finales de julio dejara al Ejecutivo sin apoyos claros. La oposición y varios grupos volvieron a interrogar al Gobierno sobre su gestión de la emergencia y el papel de Marruecos, uno de los frentes que más desgaste está causando al Ejecutivo.
El pleno abordó además otros asuntos de calado. La Cámara debatió el proyecto de Ley Orgánica contra la violencia vicaria, que busca fijar una definición jurídica de este fenómeno con reformas en el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que afrontó una enmienda de totalidad de Vox con la que el partido de Santiago Abascal trató de tumbar la norma.
