La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga un pago de 290.400 euros que un accionista de la aerolínea Plus Ultra habría abonado a Julio Martínez Martínez, señalado en la causa como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según un informe policial incorporado a la causa, fechado el 9 de junio y conocido en los últimos días, los movimientos, realizados entre 2024 y 2025, conectan por primera vez el rescate de la compañía con una presunta red de cobros canalizada a través de sociedades instrumentales.
El rastreo tiene su origen en un hallazgo informático. Los agentes localizaron en el ordenador de Martínez un documento titulado Detalle cobros 2011-2025, una suerte de contabilidad interna en la que figuran pagos de sociedades vinculadas a la trama investigada. Dentro de ese archivo apareció un contrato de asesoramiento firmado el 1 de diciembre de 2023 entre la sociedad Análisis Relevante y la firma Thabeh Iberian, representada por el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, a quien la UDEF sitúa como pagador de las cantidades. La clave que los investigadores tratan de despejar ahora es si la trazabilidad bancaria confirma el destino final de ese dinero.
El perfil del presunto pagador refuerza el interés de la pesquisa. Ibrahim Issa fue accionista de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation y, según la investigación, habría tenido conocimiento de las gestiones del rescate público de la aerolínea antes de que este se aprobara. Los agentes han localizado además mensajes de febrero de 2021 que aluden a una conversación entre Ibrahim y Zapatero. El expresidente, en su declaración ante el juez José Luis Calama, aseguró que conoció al empresario por un asunto relacionado con la liberación de un familiar del opositor venezolano Juan Guaidó, sostuvo que la relación era estrictamente personal y negó que Ibrahim le hablara nunca de su vínculo con Plus Ultra.
El nuevo pago se inserta en una causa cada vez más amplia. La investigación arrancó en diciembre de 2025 con la detención de Martínez y otros implicados y el registro de las oficinas de Plus Ultra, y pasó en marzo a la Audiencia Nacional al ganar dimensión. Los cálculos de la UDEF han llegado a elevar a más de tres millones de euros los presuntos beneficios que Zapatero habría obtenido por distintas vías, una cifra que el propio expresidente rechaza de plano al proclamarse inocente y negar cualquier intervención en el rescate. El magistrado Calama ha encargado ahora a la UDEF un estudio exhaustivo de la evolución del capital social de la aerolínea desde 2017, mientras varios directivos de la compañía están citados a declarar los próximos 7 y 8 de septiembre. Conviene subrayar que se trata de una investigación en curso, que todas las personas mencionadas están amparadas por la presunción de inocencia y que, por el momento, ninguna de las conexiones apuntadas por la policía ha sido acreditada ante un tribunal.
