La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe que una de las empresas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó trabajos a Quirón Prevención, gigante de la sanidad privada, sin tener la capacidad real para realizarlos. González Amador cobró 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de dos sociedades que, según la Guardia Civil, carecían de capacidad real para ejecutar los servicios de consultoría que facturaban. El documento, elaborado en diciembre de 2025 y trascendido ahora, se enmarca en la pieza separada que instruye el juez Antonio Viejo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
El origen de la trama se remonta a una compra empresarial llamativa por su precio. Se trata de Masterman & Whitaker, la empresa a la que González Amador cambió el nombre después de comprársela a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por medio millón de euros en 2020, cuando la sociedad no tenía activos ni cartera de clientes que justificaran ese precio. La Guardia Civil señala que la empresa poseía tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil, no tenía empleados y el último ejercicio había facturado menos de 30.000 euros.
Tras el cambio de manos, el negocio se disparó de forma llamativa. Una vez que González Amador compró la sociedad y le cambió el nombre, su facturación se disparó pese a que solo contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, que no guardarían relación con los servicios de asesoría por los que cobraba. La empresa facturó cerca de 30.000 euros en 2020, y un año después, cuando el empresario ya era pareja de Ayuso, sus ingresos ascendieron a 327.300 euros, procedentes en exclusiva de los trabajos encargados por Quirón Prevención.
La investigación se apoya también en los datos remitidos por Hacienda. Un informe de la Agencia Tributaria muestra que las empresas de González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos y Masterman & Whitaker Medical Supplies, facturaron a Quirón Prevención un total de 4,4 millones de euros, IVA incluido, entre 2021 y 2023, y la inspección fiscal concluye que existen indicios de simulación en esas facturas. Hacienda pide al juez que suspenda la inspección que realiza contra esas empresas para centrar las pesquisas en los contratos con el Grupo Quirón, aunque aclara que no tiene competencia para paralizar de oficio esa investigación.
Esta pieza es distinta de la causa principal que pesa sobre el empresario. Esta sociedad está en el centro de una de las causas judiciales que afectan a González Amador, diferente de la del presunto fraude fiscal de 350.000 euros por el que ya está pendiente de juicio. El informe sirvió de base, además, para que el juez autorizara recientemente a la UCO investigar los movimientos de varias cuentas bancarias desde 2014, entre ellas las del propio González Amador. Por el momento, Carrasco figura como investigada en la causa, mientras que Camino no está imputado en el procedimiento por presunto soborno, aunque sí está sometido a un procedimiento inspector de la Agencia Tributaria sobre su IRPF de 2020.
