La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha confirmado en un nuevo informe el encargo de la presunta trama parapolicial vinculada al PSOE a un clan de narcotraficantes de Badajoz, Los Rochos, para «eliminar» a Beatriz Biedma, la magistrada que instruía la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El atestado, de 32 páginas y fechado el 6 de octubre, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, incorpora cuatro declaraciones testificales y documentación sobre la campaña dirigida contra la jueza. Según el documento, el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial tras una condena por violencia de género, contactó a través de intermediarios con Cintia Rocho, líder del clan, para plantearle una actuación física contra Biedma.
«Era un puto grano en el culo y había que eliminarla», trasladó el exjuez, según el testimonio de Rocho recogido en el informe, que añade la frase «a palos aprende el burro». La declarante relató que dos individuos se identificaron ante ella como magistrado y abogado y le expresaron su intención de «quitar de en medio» a la magistrada. Según su versión, el clan no llegó a emprender ninguna acción.
La investigación conecta ese encargo con los intentos de Sáenz de Tejada de intervenir en el procedimiento abierto contra el hermano de Sánchez en los juzgados de Badajoz y de «destruir» la causa, a lo que sumó una campaña de desprestigio contra la jueza a través de YouTube.
Entre la documentación figura una anotación hallada en el móvil del empresario investigado Javier Pérez Dolset que se refería a Biedma en términos despectivos y remitía al exjuez como quien disponía de la información. La UCO reseña también una nota atribuida a la agenda de Leire Díez, señalada como coordinadora de la trama, con una referencia al clan y a la magistrada, que la propia Biedma ha pedido investigar.
Personada como acusación particular, Biedma está citada este jueves 8 de octubre ante Pedraz para declarar como perjudicada, después de haber denunciado las presiones e injerencias y de asegurar que dispone de testigos. El juez acordó la citación tras un informe de la Fiscalía que apreciaba la posible comisión de delitos contra ella.
