Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante más de dos décadas e imputada en el caso Plus Ultra, se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Senado que analiza las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.
Apenas arrancada la sesión, Alcázar tomó la palabra para leer un breve texto: «Como sin duda conocen, figuro en la condición de investigada. Siguiendo asesoramiento jurídico y preservando mis derechos fundamentales, permaneceré en silencio en esta comisión. Mi silencio no debe ser interpretado como un desaire, sino como coherente con mi condición procesal». A partir de ese momento guardó silencio absoluto durante toda su comparecencia.
El PP, que controla la Cámara Alta y convocó a Alcázar valiéndose de su mayoría, optó igualmente por mantener su turno de preguntas pese a la negativa. La senadora popular Rocío Dívar abrió el interrogatorio preguntándole si se había sentido «traicionada» por Zapatero, y le recordó que el expresidente aseguró ante el juez Calama que era ella quien gestionaba las comunicaciones y el correo electrónico de su oficina. El PP también aludió al auto judicial que define a Alcázar como un «nodo central de comunicación y gestión documental» de la estructura del expresidente.
Los populares la acusaron además de haber mentido a la Policía sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y anunciaron que solicitarán que vuelva a comparecer ante la comisión. «Usted va a volver a esta comisión, a ver si así se le refresca la memoria», zanjó la senadora Dívar.
El juez José Luis Calama imputó a Alcázar el pasado 18 de junio, junto a las hijas del expresidente, al apreciar indicios de su participación directa en los hechos investigados, describiéndola como responsable de «funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red». La imputación la sitúa en el centro del entramado investigado en la Audiencia Nacional, lo que convierte su silencio de hoy en una decisión procesalmente coherente pero políticamente incómoda para el entorno del expresidente socialista.
