Tres días después de que el país viviera el peor apagón eléctrico de su historia reciente, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho sin aportar certezas técnicas sobre la causa del fallo, sin asumir errores y, sobre todo, descartando cualquier posibilidad de dimisión. «No voy a dimitir», ha dicho con rotundidad, argumentando que su gestión ha sido correcta y que, por tanto, no hay nada que enmendar. La ausencia de autocrítica choca con la gravedad de una crisis energética que aún no se ha esclarecido y que ha evidenciado importantes carencias de transparencia.
La exministra socialista, nombrada en 2020 por el propio Gobierno, ha tratado de transmitir serenidad y confianza, pero su intervención ha dejado más preguntas que respuestas. Ha señalado que se está colaborando con organismos como el Incibe, aunque ha justificado la falta de explicaciones por una supuesta carencia de datos técnicos procedentes de otros agentes del sistema. Algunas eléctricas, como Iberdrola, han negado ese vacío informativo, asegurando haber remitido ya los datos requeridos.
Lejos de ofrecer una versión clara, Corredor ha intentado conciliar dos versiones opuestas sobre la posibilidad de un ciberataque. Mientras el director de operaciones de Red Eléctrica lo descartaba categóricamente, el presidente del Gobierno se negaba a cerrar esa puerta. Corredor se ha limitado a decir que no hay indicios, pero tampoco descartes definitivos, en un ejercicio de ambigüedad que no contribuye a reforzar la credibilidad institucional.
Otro punto conflictivo es la relación entre el apagón y la penetración renovable en el mix energético. Aunque la presidenta insiste en que las renovables no fueron responsables, la propia Red Eléctrica señaló que la caída masiva de generación fotovoltaica en el suroeste peninsular fue el inicio del desajuste. A esto se suma la contradicción de que Redeia ya había alertado de la posibilidad de un fallo masivo.
