El proceso electoral en Rumania sigue sumido en la polémica tras la decisión de la Oficina Electoral Central (BEC) de invalidar la candidatura de Calin Georgescu, un ultranacionalista que ha capitalizado el descontento ciudadano con una retórica radical y teorías conspirativas. Este revés se produce en el contexto de una repetición electoral, ordenada por el Tribunal Constitucional tras detectar supuestas injerencias rusas en los comicios de noviembre, donde Georgescu había logrado un sorprendente 23% de los votos.
Injerencia rusa y manipulación digital: ¿un patrón repetido?
El Tribunal Constitucional anuló los resultados de la primera vuelta alegando que la campaña de Georgescu había sido impulsada desde el Kremlin a través de vídeos virales en TikTok, lo que pone de manifiesto la creciente influencia de la desinformación en la política europea. Pese a las pruebas presentadas, la narrativa de la «persecución política» ha sido adoptada por el candidato y sus seguidores, muchos de ellos desencantados con el establishment tradicional, acusado de corrupción y clientelismo.
Georgescu, conocido por su admiración a figuras fascistas rumanas y sus posturas negacionistas, ha logrado movilizar a miles de ciudadanos con discursos incendiarios y promesas de ruptura con la UE y la OTAN. La cancelación de su candidatura ha sido recibida con protestas masivas, consolidando aún más su imagen de mártir ante una parte del electorado.
Apoyos internacionales y el factor Trump
Mientras la Comisión Europea ha respaldado la decisión judicial rumana y denunciado la injerencia extranjera, Estados Unidos se encuentra dividido. Figuras influyentes como el vicepresidente J. D. Vance y el magnate Elon Musk han defendido abiertamente a Georgescu, alineándose con la postura del Kremlin, que lo considera una víctima de la «élite liberal europea». Las declaraciones de Vance, minimizando el impacto de la propaganda rusa, han alimentado aún más la polarización en torno a este caso.
En paralelo, el reciente permiso concedido a los hermanos Andrew y Tristan Tate para abandonar Rumania, a pesar de estar siendo investigados por delitos graves, ha levantado sospechas sobre la independencia de la justicia rumana y la posible influencia de actores externos en sus decisiones.
Investigaciones en curso y riesgos para la estabilidad democrática
La Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) ha destapado la existencia de un grupo ultranacionalista que planeaba alterar el orden constitucional, con conexiones con la embajada rusa y la campaña de Georgescu. Entre sus propuestas, figuraban la salida de Rumania de la OTAN, la eliminación de los partidos políticos y la instauración de un régimen autoritario. La detención de varios de sus miembros y la expulsión de diplomáticos rusos refuerzan la hipótesis de que el Kremlin está operando activamente para desestabilizar la región.
Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, las encuestas siguen otorgando a Georgescu un respaldo significativo, lo que deja en evidencia la crisis de confianza en las instituciones rumanas. Con los nuevos comicios programados para mayo, el país se enfrenta a una encrucijada crucial: reforzar su compromiso con la democracia o ceder ante el auge de los discursos radicales que amenazan con fracturar el sistema político.
