Mientras la Fiscalía maniobra para desmarcarse del caso, la juez instructora en Badajoz ha cerrado su investigación concluyendo que existen indicios suficientes para llevar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La investigación también alcanza a un exasesor de La Moncloa, Luis María Carrero, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, todos implicados en la creación presuntamente fraudulenta de plazas a medida en el área de Cultura.
El proceso revela un sistema de favores políticos difícil de disimular: en 2016, con Pedro Sánchez como figura ya consolidada dentro del PSOE, Gallardo impulsó la creación de un puesto de alta dirección específicamente adaptado para David Sánchez, quien entonces carecía de trabajo estable. La jueza Beatriz Biedma no duda en señalar la “estrecha relación” entre ambos y la “inimaginable” ignorancia de los responsables de la Diputación sobre el beneficiario real de esa plaza.
Entre las pruebas clave figura el cruce de correos internos entre directores de conservatorios, donde el puesto reservado al hermano del presidente era abiertamente denominado «el hermanísimo». Para la magistrada, el lenguaje utilizado evidencia que la adjudicación estaba decidida antes siquiera de iniciar el procedimiento formal, burlando así cualquier apariencia de mérito o igualdad.
Pese a la gravedad de los hechos relatados en el auto judicial, el recorrido del caso podría truncarse si la Audiencia Provincial, donde los acusados pueden recurrir, decide actuar en sentido contrario. No obstante, varias organizaciones personadas como acusaciones populares —entre ellas Manos Limpias, Vox, y Abogados Cristianos— mantienen viva la posibilidad de un juicio incluso si la Fiscalía, como parece, se retira definitivamente de la acusación.
El caso, que afecta a un total de once personas, expone de nuevo los mecanismos opacos en algunas instituciones públicas, donde la creación de cargos y el reparto de plazas parecen diseñarse al servicio de intereses personales y no de los principios de mérito y capacidad. Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio sobre un asunto que amenaza con proyectar una imagen de nepotismo en su entorno más cercano.
