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La justicia española ha abierto discretamente la puerta a un nuevo inquilino: la inteligencia artificial. No lleva toga, no cobra dietas y, sobre todo, no se queja del exceso de trabajo. Este asistente digital —implementado a través del sistema del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)— empieza a funcionar como un apoyo técnico que permite a jueces y magistrados acceder de forma inmediata a jurisprudencia relevante, precedentes y resoluciones similares en cuestión de segundos.
El objetivo es claro: aliviar la sobrecarga de los tribunales y facilitar que las resoluciones se dicten con mayor agilidad y precisión. El sistema no decide, pero sugiere, cruza datos, detecta patrones y ayuda a los jueces a fundamentar mejor sus sentencias. Es, en otras palabras, un “becario infalible” que no pide vacaciones.
Este salto tecnológico, que hasta hace poco parecía reservado a grandes despachos, supone un giro importante en la forma de administrar justicia. La herramienta permite, además, garantizar cierta homogeneidad en la interpretación de las normas, evitando que la justicia dependa tanto de la memoria —o del buen día— de un magistrado.
Por supuesto, no faltan las reticencias: algunos juristas temen que se esté abriendo la puerta a una justicia excesivamente automatizada, donde la máquina pese más que el criterio humano. Sin embargo, los defensores del sistema recuerdan que la decisión final seguirá en manos del juez, y que la IA es solo una muleta, no una sustituta.
España da así un paso decisivo hacia la modernización judicial. La toga se digitaliza, la jurisprudencia se indexa y el tiempo —ese recurso escaso en los tribunales— empieza a jugar a favor de la justicia.
