Durante décadas, el Atlántico que rodea a Canarias ha sido un espacio de tránsito discreto, ajeno al foco de las grandes tensiones geopolíticas, pero esa percepción empieza a resquebrajarse.
La preocupación del Gobierno de España por la llamada flota fantasma vinculada a intereses rusos revela hasta qué punto el conflicto energético global ha desplazado sus fronteras hacia rutas que, hasta ahora, parecían secundarias.
No se trata de una amenaza clásica ni de un despliegue militar visible. Petroleros de edad avanzada, estructuras societarias opacas, cambios constantes de bandera y trayectorias diseñadas para no dejar rastro.
Buques que no violan necesariamente ninguna frontera, pero que operan en los márgenes del sistema internacional de sanciones. Su mera presencia, reconocida ya en documentos oficiales, introduce una nueva capa de inquietud en el entorno marítimo español.
¿Qué hace España?
El Ministerio de Transportes encabezado por un Óscar Puente en el ojo del huracán admite que España participa en un plan específico de seguimiento de estos barcos en áreas sensibles como el entorno del archipiélago canario y el Mar de Alborán. Asume así que las rutas energéticas alteradas por la guerra en Ucrania han empujado operaciones opacas hacia corredores marítimos cada vez más cercanos.
La llamada shadow fleet no es una flota en sentido convencional. Es un ecosistema. Un entramado de buques tanque que, en muchos casos, apagan sus sistemas de identificación, realizan trasbordos de petróleo en alta mar y diluyen la trazabilidad de su carga. Su objetivo no es ocultarse de los radares militares, sino del control económico y jurídico. El problema es que esa invisibilidad deliberada tiene efectos colaterales.
En aguas próximas a Canarias, donde confluyen tráfico comercial, biodiversidad protegida y una economía altamente dependiente del turismo, la presencia de este tipo de embarcaciones introduce un factor de vulnerabilidad que va más allá de la política internacional.
Un petrolero que navega sin señalización activa no solo esquiva sanciones, también reduce los márgenes de seguridad ante colisiones, vertidos o incidentes técnicos. Y muchos de estos buques, según informes europeos, operan con estándares de mantenimiento muy por debajo de los exigidos en rutas tradicionales.
Negocio de zonas grises
La inquietud expresada en el Congreso por la diputada Cristina Valido (CC) no apunta únicamente a Rusia, sino a una realidad más incómoda, la dificultad de controlar un fenómeno que se mueve en zonas grises del derecho marítimo.
España puede vigilar, monitorizar, compartir información con socios europeos y expulsar buques de sus aguas territoriales. Pero en alta mar, el margen de maniobra se estrecha.
Como ya se habló en este medio, el hecho de que la avería tecnológica del propio Gobierno de Canarias haya derivado recientemente en una declaración de emergencia informática añade otra capa de lectura: el control del territorio —sea físico o digital— depende cada vez más de sistemas complejos, vulnerables y costosos de mantener.
La vigilancia marítima no es solo una cuestión de voluntad política, sino de capacidad técnica sostenida en el tiempo.
Mientras Europa intenta cerrar el grifo a los ingresos petroleros rusos, surgen redes alternativas que no respetan del todo las reglas anteriores, pero tampoco las rompen de forma frontal. El resultado es un escenario más incierto, donde el riesgo no se concentra en grandes crisis visibles, sino en una acumulación de pequeños peligros difíciles de anticipar.
Canarias aparece así en un nuevo mapa de preocupaciones como espacio de paso. El problema es que, en geopolítica, los lugares de paso suelen convertirse antes o después en espacios de fricción. Y como ocurre con todas las fronteras invisibles, su verdadero impacto no se mide por los incidentes que se producen, sino por los que se logran evitar sin que nadie llegue a saberlo.
