El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife y solicita la apertura del juicio oral contra la trama de corrupción conocida como caso Mediador, que operó entre mediados de 2020 y 2021. En total, la Fiscalía formula acusación contra 16 de las 23 personas procesadas en la pieza principal de la causa.
Las penas más elevadas recaen sobre el núcleo de la organización. El fiscal pide ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, once para su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y trece para Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre al caso. A los tres se les atribuyen los delitos continuados de cohecho y prevaricación y el de pertenencia a grupo criminal; a Fuentes le añade el de estafa, y a Navarro Tacoronte, también los de tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
El modus operandi descrito en el escrito es preciso. La trama utilizaba la influencia de sus cargos para ganarse la confianza de empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables, organizando visitas guiadas al Congreso de los Diputados y a las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para generar una imagen de seriedad. El sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes, suministraba datos de su cargo sobre empresarios con expedientes abiertos, para que el Mediador los contactase a continuación. Una vez captados, los empresarios financiaban comidas en restaurantes exclusivos de Madrid y, según la Fiscalía, parte de las dádivas consistieron en servicios de prostitución disfrutados por tío y sobrino.
El escrito señala también al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien se piden dos años de cárcel por su papel como intermediario en la consecución de contratos públicos y privados a favor de empresarios dispuestos a pagar comisiones. El exviceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena Argany, se enfrenta a doce años de inhabilitación especial por exonerar conscientemente de sanciones a empresas vinculadas a la trama.
El caso Mediador ya ha tenido una primera derivada judicial. Una pieza separada del mismo asunto llegó antes a juicio y se saldó con penas inferiores a un año de cárcel por cohecho continuado para el Mediador, el exgeneral de la Guardia Civil y un empresario del sector eólico. La pieza principal, ahora en la recta final de la instrucción, es considerablemente más grave en cuanto al alcance de los delitos y a las penas solicitadas.
