La policía belga ha registrado este jueves varias dependencias de la Comisión Europea en Bruselas, siguiendo órdenes de la Fiscalía Europea (EPPO). La operación se enmarca en una investigación criminal sobre posibles delitos de fraude y corrupción relacionados con la venta de 23 edificios de la institución al Estado belga en 2024. Los agentes han inspeccionado oficinas clave, entre ellas el Departamento de Presupuesto, para recabar pruebas sobre una transacción valorada en unos 900 millones de euros que supuso el traspaso de más de 300.000 metros cuadrados de oficinas al fondo soberano belga SFPIM.
La investigación trata de esclarecer si existieron irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de estos inmuebles, situados mayoritariamente en el barrio europeo. La Comisión ha confirmado la existencia de las pesquisas y ha manifestado su total disposición a colaborar con las autoridades judiciales independientes. Según un portavoz oficial del Ejecutivo comunitario, la institución mantiene la plena confianza en que el proceso se llevó a cabo siguiendo estrictamente los protocolos y normas vigentes, defendiendo que la venta formaba parte de un plan estratégico para reducir su superficie de oficinas en un 25% antes de 2030 debido al auge del teletrabajo.
Por su parte, la Fiscalía Europea ha evitado ofrecer detalles específicos para no poner en peligro el éxito del procedimiento, limitándose a confirmar la recogida de indicios y documentación. El operativo policial se ha desarrollado de forma simultánea en varias sedes mientras gran parte de la atención mediática se centraba en una reunión informal de líderes europeos fuera de la capital. La operación inmobiliaria investigada pretendía transformar antiguos despachos en viviendas y zonas verdes para modernizar el distrito europeo de Bruselas, pero las sospechas de fraude han puesto ahora bajo el foco la gestión de los activos públicos de la Unión.
Este registro supone un hecho de extrema gravedad institucional, al ser la propia Comisión Europea el objeto de una investigación por parte del organismo encargado de perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Aunque por el momento no se han producido detenciones, la policía ha confiscado material informático y expedientes administrativos relacionados con el acuerdo firmado en abril de 2024. La justicia busca determinar si el precio de venta se ajustó a mercado o si hubo algún tipo de concertación ilícita que perjudicara las arcas comunitarias en beneficio de terceros.
