La discusión pública sobre el coste energético suele centrarse en la factura eléctrica. Pero en 2026, para un puñado de industrias canarias, el “contador” puede influir también por otra vía: la fiscal.
La nueva orden autonómica fija el cálculo del AIEM en régimen simplificado —un sistema pensado para facilitar la liquidación del impuesto— y para determinadas actividades, el componente eléctrico del cálculo es tan elevado que puede eclipsar al resto de variables.
El régimen simplificado funciona como una cuota estimada. En lugar de calcular el tributo operación a operación, se determina una cantidad anual a partir de módulos: personal empleado, superficie del local y consumo de electricidad.
Es una fórmula cómoda para la Administración y, sobre todo, para negocios que no pueden dedicar recursos a una contabilidad fiscal compleja. Sin embargo, esa comodidad tiene un precio: cuando el método se basa en “indicadores”, la realidad productiva no siempre trata igual a todos.
Una diferencia estructural
La primera clave es que el perímetro de aplicación es muy estrecho. Solo se incluye la producción de carpintería de madera para construcción, visillos y cortinas, artículos de tapicería (con excepciones) y asientos y sus partes.
Y hay un filtro de tamaño, pues quedan fuera quienes superaran tres millones de euros de facturación anual anterior en entregas sujetas y no exentas dentro de estos sectores. En la práctica, el régimen apunta a pequeñas y medianas empresas, con estructura limitada, para las que cada desviación de costes se nota rápido.
Ahí entra el dato que explica el titular: el módulo del consumo eléctrico —medido por cada 100 kWh— tiene importes radicalmente distintos según el tipo de producción. En 2026, la carpintería tributa 2,44 euros por cada 100 kWh. Los asientos, 7,41. Pero en textil (visillos y cortinas) la cifra sube a 40,35 euros y en tapicería a 37,41.
No es una subida explosiva respecto a 2025 —los ajustes interanuales rondan el 1%—, pero sí una diferencia estructural que hace que, para esos sectores, la electricidad deje de ser un coste más y se convierta en el multiplicador dominante de la cuota.
El ejemplo
Un ejemplo sencillo lo ilustra. Supongamos un taller de cortinas con dos empleados, 200 metros cuadrados y 80.000 kWh de consumo anual.
Solo el módulo eléctrico aportaría 32.280 euros a la cuota estimada, muy por encima del peso del personal o del local. En otras palabras: en ese escenario, el tributo se comporta como si el negocio estuviera “indexado” al contador.
Si consume más porque produce más, porque amplía turnos o porque su maquinaria es antigua y menos eficiente, el sistema no distingue; suma.
La consecuencia inmediata es un incentivo directo a la eficiencia energética. La lógica es clara: reducir kWh puede reducir también la cuota. Autoconsumo, renovación de equipamiento, ajustes de proceso o climatización pasan a tener un retorno fiscal adicional.
Pero con esa misma lógica, en mercados con márgenes ajustados, una fórmula que penaliza tanto la energía puede empujar a trasladar costes al precio final o a replantear el encaje del negocio en el régimen, especialmente si la empresa crece o si su actividad es inevitablemente intensiva en electricidad.
El diseño incluye una válvula de escape. Se prevén solicitudes de reducción de módulos ante daños graves (incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías) y en casos de incapacidad temporal del titular cuando no exista personal empleado.
Son supuestos razonables, pero excepcionales; no solucionan el problema de fondo: la distancia entre el “promedio” que imagina el módulo y la realidad de cada taller.
El debate, por tanto, no es técnico sino industrial: si el régimen simplificado pretende ser un instrumento de alivio administrativo para pymes, ¿tiene sentido que, en algunos sectores, la electricidad sea el eje casi absoluto del cálculo? ¿se está midiendo la actividad o se está midiendo la energía?
