La directora general de la Guardia Civil, María de las Mercedes González Fernández, ha comparecido ante la Comisión de Interior del Senado para responder de manera tajante a las acusaciones de la oposición sobre una presunta campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa. El motivo central de las solicitudes de comparecencia, impulsadas principalmente por el Partido Popular y el Grupo Mixto, radicaba en el supuesto conocimiento de la dirección sobre una serie de reuniones entre Leire Díez Castro y Rubén Villalba Carnerero, cuyo presunto objetivo habría sido socavar la credibilidad de la UCO para frenar las distintas líneas de investigación judicial que afectan directamente al entorno del Gobierno.
Durante su intervención inicial, González Fernández ha rechazado de forma rotunda haber participado, ideado o consentido cualquier maniobra orientada a debilitar a las unidades del instituto armado encargadas de la persecución de la delincuencia económica y la corrupción. La directora general ha manifestado que jamás ha mantenido reuniones con la señora Leire Díez Castro, ni en dependencias oficiales ni en despachos privados, desvinculándose por completo de cualquier trama que buscase interferir en el correcto funcionamiento de la institución como policía judicial. Asimismo, ha remarcado que desde que asumió su cargo en septiembre de 2024, su gestión se ha caracterizado por un respeto pulcro, exquisito y absoluto hacia la independencia de los agentes en todas las causas de gran trascendencia política y mediática.
Con el fin de desacreditar las tesis sobre un supuesto desmantelamiento o asfixia operativa de la UCO, la máxima responsable del cuerpo ha aportado una serie de magnitudes estadísticas destinadas a probar el reforzamiento material y de personal bajo su mandato. Según los datos desglosados en la Cámara Alta, el catálogo de puestos de trabajo de la unidad ha experimentado un notable incremento, elevando significativamente los niveles de cobertura interna y sumando convocatorias extraordinarias de plazas para suboficiales, cabos y guardias civiles durante el presente ejercicio. En este sentido, ha defendido que las medidas adoptadas se corresponden con una apuesta decidida por potenciar la eficacia investigadora y no con maniobras de presión o represalias administrativas.
En el tramo final de una sesión marcada por la tensión y el cruce de reproches con los portavoces de la oposición, la directora general ha querido incidir en el desgaste personal y profesional derivado de lo que considera una estrategia de descalificación sistemática hacia los mandos del cuerpo, citando de manera expresa la situación de otros altos oficiales con dilatadas trayectorias de servicio público. González Fernández ha concluido su comparecencia haciendo un llamamiento a rebajar la crispación política y el clima de hostilidad institucional, insistiendo en que nunca ha cometido ninguna ilegalidad ni ha ejercido persecución alguna, mientras que la presidencia de la comisión ha reivindicado la legitimidad de las Cortes para ejercer el control parlamentario al Ejecutivo sin que ello suponga un ejercicio de destrucción o señalamiento personal.
