La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado dos escritos ante la Audiencia Nacional que abren sendas brechas legales contra el caso Plus Ultra. En el primero, exige saber qué resolución judicial autorizó a la policía a leer los mensajes de WhatsApp almacenados en un disco duro intervenido en 2024. En el segundo, recurre el auto que denegó ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para esclarecer cómo la Agencia Homeland Security Investigations obtuvo y entregó a España el contenido de un teléfono móvil. rpp
El núcleo de la estrategia procesal es claro. El letrado Víctor Moreno Catena sostiene que la Fiscalía Anticorrupción analizó conversaciones de un disco duro denominado Crucial, intervenido al abogado Miguel Palomero, y que ese material fue reutilizado en procedimientos distintos a aquel para el que fue obtenido, lo que vulneraría el principio de especialidad recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los derechos fundamentales de los investigados. Las conversaciones en cuestión figuran en los informes policiales de la UDEF, en la denuncia que Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y en la pieza separada que después se abrió en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, con diligencias que estaban archivadas.
La defensa apunta directamente a que esa concatenación de usos fue el mecanismo que sirvió para derivar la causa hasta la Audiencia Nacional. El auto de inhibición de la jueza Esperanza Collazos tenía como base el chat denominado «Danilo-España» y en él se consideró que «podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países», lo que justificó el envío del asunto al tribunal central. La Fiscalía abrió además unas terceras diligencias propias el 4 de diciembre de 2025 reutilizando ese mismo material, cuando el asunto todavía estaba en el juzgado de Madrid.
El abogado de Zapatero advierte de que si no existe la autorización judicial que habilitó el análisis de los chats, el incidente de nulidad arrastraría, por la vía de la prueba refleja, todo el material derivado empleado contra el expresidente. También recurre la decisión del juez José Luis Calama de no ampliar la comisión rogatoria a Estados Unidos para esclarecer el origen de la extracción del teléfono del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, realizada por la Homeland Security Investigations en 2021 y entregada a la policía española en marzo de 2026.
El caso Plus Ultra investiga si Zapatero lideró una trama de tráfico de influencias para favorecer el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. Entre el material que motivó su imputación figura un mensaje del exdirectivo Rodolfo Reyes en el que escribió: «Nuestro pana Zapatero detrás», en referencia al proceso relacionado con el rescate. La instrucción sigue su curso en la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Calama
