La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha confirmado por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo, que pone fin a una de las causas judiciales más relevantes en la historia reciente del país, ratifica la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso conocido como “Vialidad”.
La causa judicial juzgó a Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, vinculada a la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales entre 2007 y 2015. Según la acusación, las obras fueron adjudicadas con sobreprecios millonarios y sin los controles pertinentes, generando un perjuicio estimado en más de 70 millones de dólares al Estado argentino.
Con este fallo, la Corte deja firme la condena y sella el futuro político de Cristina Fernández. Además de la pena de prisión, que podría cumplir bajo arresto domiciliario por razones de edad y salud, la exmandataria queda legalmente inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Esto trunca su reciente intención de competir en las elecciones legislativas de septiembre próximo, donde aspiraba a una plaza como diputada por la provincia de Buenos Aires.
La defensa de la expresidenta anticipó que acudirá a organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional, para denunciar lo que considera una violación de garantías constitucionales. En paralelo, organizaciones kirchneristas convocaron movilizaciones en distintas ciudades del país, incluida una concentración frente al edificio del Partido Justicialista en Buenos Aires.
Con 72 años y una salud delicada, Fernández podría solicitar el cumplimiento de la pena en su domicilio. El Tribunal Oral que dictó la condena será el encargado de establecer cómo se implementa la sentencia en los próximos días. De no presentarse voluntariamente ante la Justicia en el plazo fijado, podría emitirse una orden de detención.
Esta decisión judicial no solo representa un hito jurídico, sino también un giro profundo en la vida política argentina. Cristina Fernández de Kirchner, una de las figuras más influyentes del país en las últimas dos décadas, queda ahora fuera del juego político formal, abriendo una etapa de redefinición dentro del peronismo y del movimiento kirchnerista, que deberá buscar nuevos liderazgos en un contexto político polarizado.
