En una decisión dividida de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud de la administración de Donald Trump para mantener congelados casi 2.000 millones de dólares en fondos de ayuda internacional, reinstaurando una orden de un tribunal inferior que exige su desembolso inmediato. La resolución, emitida a las 9:25 PST, representa un revés significativo para los esfuerzos de Trump por reestructurar la política de asistencia exterior, apenas un mes después de asumir el cargo el 20 de enero.
El fallo surge tras una batalla legal iniciada por organizaciones como la AIDS Vaccine Advocacy Coalition y DAI Global, que demandaron al gobierno por congelar pagos a contratistas y beneficiarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado. Estos fondos, destinados a proyectos humanitarios ya realizados en países como Ucrania, Nigeria y Etiopía, quedaron paralizados tras una orden ejecutiva de Trump que pausó toda la ayuda exterior por 90 días para revisar su alineación con su agenda “America First”. A pesar de un mandato inicial del juez federal Amir Ali el 13 de febrero para liberar los pagos, la administración continuó bloqueándolos, lo que llevó a Ali a imponer un plazo límite el 26 de febrero, ahora superado.
En un dictamen sin firma, la mayoría —integrada por los jueces liberales y los conservadores John Roberts y Amy Coney Barrett— pidió al juez Ali aclarar las obligaciones del gobierno para cumplir con la orden, teniendo en cuenta la viabilidad de los plazos, pero mantuvo la exigencia de pago. Los cuatro disidentes conservadores, liderados por Samuel Alito, expresaron su asombro, argumentando que un juez de distrito no debería tener el poder de obligar al gobierno a desembolsar fondos de los contribuyentes sin una revisión exhaustiva. “Estoy atónito”, escribió Alito en su disenso.
La decisión llega en un contexto de tensiones crecientes. La administración Trump ha recortado más del 90% de los contratos de USAID y planea eliminar 58.000 millones de dólares en asistencia global, afectando programas de salud y seguridad alimentaria. Organizaciones afectadas han advertido sobre despidos masivos y el colapso de operaciones vitales, mientras el gobierno insiste en que necesita tiempo para procesar pagos legítimos tras su revisión. Este fallo no resuelve el litigio en curso, pero asegura que los contratistas recibirán fondos por trabajos ya completados, al menos temporalmente, mientras el caso avanza en el tribunal de distrito, que mañana revisará una posible orden judicial preliminar.
El impacto internacional es innegable: aliados europeos y países receptores observan con preocupación cómo EE.UU. redefine su rol como el mayor proveedor de ayuda humanitaria global, en un momento en que las relaciones con socios como Canadá y México también se tensan por nuevas tarifas comerciales. Por ahora, la Corte Suprema ha puesto un freno parcial a la ambiciosa agenda de Trump, dejando abierta la puerta a futuros enfrentamientos legales.
