La Comunidad de Madrid presentó este jueves un recurso contencioso-administrativo y solicitó medidas cautelarísimas ante los tribunales para reclamar la «inmediata disolución» de la acampada instalada en la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la medida en el pleno de la Asamblea y la atribuyó a la «inacción» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El Ejecutivo regional despliega varios argumentos jurídicos para sostener que la protesta es ilegal. Cita la «ausencia de comunicación previa» por parte de los organizadores, el «carácter permanente e indefinido» del campamento, la «ocupación continuada» de un espacio público y una «alteración del orden público con peligro para personas y bienes», motivos por los que considera que la concentración «excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión».
La Comunidad remitió el martes un requerimiento al delegado del Gobierno en el que le concedía un plazo máximo de 48 horas para ordenar el desalojo, con la advertencia de acudir a la Justicia si no lo hacía, y Ayuso registró el recurso pocas horas antes de que ese plazo expirara.
La Constitución protege el derecho de reunión pacífica y sin armas y establece que no requiere autorización previa, pero la ley orgánica que lo regula sí obliga a comunicar con antelación las concentraciones celebradas en lugares de tránsito público. La falta de esa comunicación y la existencia de una causa que justifique disolver la protesta no son, jurídicamente, lo mismo, de modo que la decisión depende de la valoración de las circunstancias concretas de cada caso.
Quienes defienden el desalojo encuentran respaldo en esa obligación legal incumplida. La tesis de la Comunidad de Madrid, compartida por el Ayuntamiento, que también ha reclamado la intervención de la Delegación del Gobierno, es que la acampada no fue comunicada, carece de límite temporal y perturba la circulación y la actividad de la zona, lo que a su juicio habilita su disolución y convierte la ocupación del espacio público en irregular.
Francisco Martín ha reiterado que se están «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes» y ha sostenido que, ante las «circunstancias concurrentes», la acampada se desarrolla «en pleno respeto al ordenamiento jurídico» y al amparo del derecho de reunión. En la misma línea, el despacho Red Jurídica, de perfil progresista y próximo a movimientos sociales, sostiene que el desalojo no sería legal y recuerda que «orden público» no equivale a «ausencia de molestias», por lo que eventuales incidentes aislados no privarían al resto de concentrados de su derecho.
El campamento, impulsado por el Sindicato de Inquilinas, permanece en Sol desde el pasado fin de semana en protesta contra los desahucios. Serán ahora los tribunales los que resuelvan sobre las medidas cautelarísimas solicitadas y decidan si la acampada puede continuar o debe levantarse.
