La revelación de supuestas maniobras orquestadas desde el entorno socialista para desacreditar a miembros de la Guardia Civil ha intensificado una crisis política que el Gobierno no logra contener. Más allá de la figura de Leire Díez, cuya actuación ha detonado esta nueva tormenta, el escándalo vuelve a poner en duda el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la regeneración democrática.
Durante días, el silencio de Sumar —socio gubernamental— ante las informaciones ha sido atronador. No fue hasta el cuarto día de polémica cuando Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, se pronunció para calificar los hechos de “extrema gravedad” y exigir “máxima contundencia” al PSOE. Lo que sorprende no es tanto la declaración en sí, sino el tiempo que tardó en llegar. El retraso parece haber respondido más a cálculos políticos que a principios éticos, algo que enrarece aún más el ya delicado clima en el seno del Gobierno de coalición.
Este mutismo inicial no ha pasado desapercibido entre los socios de Sumar, algunos de los cuales han comenzado a desmarcarse abiertamente. Izquierda Unida y Compromís han sido claros en su condena, exigiendo explicaciones y medidas inmediatas. La fractura discursiva dentro del espacio progresista evidencia que el caso no solo afecta al PSOE, sino que amenaza con erosionar la confianza en todo el bloque gubernamental.
En paralelo, desde dentro del propio PSOE comienzan a emerger voces disidentes. Javier Lambán, ex presidente de Aragón y figura destacada del ala crítica del partido, ha sugerido que la única salida digna ante la acumulación de escándalos es la convocatoria de elecciones. «Gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados», ha sentenciado, recogiendo el malestar de una militancia cada vez más incómoda con el relato oficial.
La postura del Gobierno, hasta ahora centrada en minimizar el impacto mediático y evitar confrontaciones internas, empieza a mostrar grietas. Las apelaciones a la regeneración democrática por parte de Díaz, aunque necesarias, parecen insuficientes si no se acompañan de acciones concretas. Más aún cuando se menciona de pasada la cuestión de los aforamientos sin profundizar en cómo el propio partido ha maniobrado para blindar a algunos de sus miembros ante procesos judiciales en marcha.
El caso de Leire Díez, lejos de ser un episodio aislado, se suma a una cadena de acontecimientos que apuntan a una crisis sistémica en la forma de gestionar la transparencia institucional. Lo que está en juego no es solo el futuro inmediato del Gobierno, sino la credibilidad de los mecanismos democráticos en un contexto de desafección ciudadana creciente.
A medida que el escándalo escala, la cuestión ya no es solo qué hizo o dijo una asesora, sino cómo responde el Gobierno en su conjunto. Y, sobre todo, si está dispuesto a asumir responsabilidades políticas más allá del cortafuegos mediático.
