La suspensión del planeamiento necesaria para disponer del suelo de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife puede requerir «dos o tres años», según explicó este jueves la consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que aseguró que el Ejecutivo autonómico mantiene Cabo Llanos como ubicación prevista para esta infraestructura. La consejera llegó a admitir que el procedimiento podría demorarse incluso cuatro o cinco años.
Barreto expuso la situación en comisión parlamentaria, donde precisó que antes de encargar los proyectos o cerrar el coste de la obra es imprescindible resolver la suspensión del Plan General que afecta a esos terrenos. «No es un problema de inversión, aunque va a costar mucho, pero el Gobierno que esté hará una apuesta clara; el problema está en conseguir el suelo si es en el centro de Santa Cruz», afirmó la responsable autonómica.
El Gobierno ha optado por acotar el ámbito de la suspensión a la superficie estrictamente necesaria para construir la Ciudad de la Justicia, en lugar de mantener la propuesta de la legislatura anterior, que abarcaba un área más amplia y cuatro instrumentos de planificación vinculados a la movilidad, como el tranvía, el tren del sur y la red viaria. La Consejería de Política Territorial ha decidido centrar ahora la suspensión exclusivamente en Cabo Llanos para agilizar la tramitación.
Barreto rechazó que ese cambio suponga un retroceso o una reducción del proyecto y recalcó que el Ejecutivo «no renuncia» a la Ciudad de la Justicia. La consejera entiende que las actuaciones de movilidad quedarán ligadas al desmantelamiento de la refinería y al Plan Santa Cruz 2030, por lo que pueden desvincularse de la tramitación urbanística de la sede judicial.
La confirmación de que la suspensión afecta precisamente a los terrenos de Cabo Llanos ratifica esa zona como la localización prevista para la infraestructura. La consejera reveló que, al llegar al Gobierno, intentó negociar con el propietario de la parcela necesaria para desbloquear el proyecto, sin que esa vía haya prosperado por el momento.
«Nos encantaría que estuviera resuelto para poder empezar, estaría todo en el mismo espacio, pero necesitamos suelo», resumió Barreto, que advirtió de que el procedimiento no será «superfácil» y se prolongará en el tiempo. La Ciudad de la Justicia, una reivindicación histórica del sector jurídico tinerfeño para agrupar en un único emplazamiento las sedes judiciales hoy dispersas por la capital, sigue así pendiente de un trámite urbanístico que aleja varios años su construcción efectiva.
