La Audiencia Nacional ha reactivado la causa contra los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por presunta pertenencia a organización terrorista en la operación Judas, y ha abierto el trámite que deberá decidir si les aplica la ley de amnistía. El tribunal ha levantado la suspensión del procedimiento y ha dado diez días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncien.
La decisión llega dos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara en julio la posibilidad de amnistiar a los encausados. Luxemburgo respondió así a una consulta de la propia Audiencia Nacional, que dudaba de si la ley de amnistía chocaba con el derecho comunitario en materia de lucha contra el terrorismo y con el principio de seguridad jurídica.
El tribunal ha optado por un trámite de contradicción antes de resolver. Según la providencia comunicada este lunes, concede a las partes un plazo común de diez días para presentar alegaciones por escrito, que deberán limitarse «exclusivamente» al alcance y los efectos de la sentencia europea sobre la cuestión de amnistía pendiente de decisión.
Los abogados de los doce CDR, agrupados en Alerta Solidària, venían reclamando la aplicación de la amnistía «sin más dilaciones» tras el aval del TJUE, y denuncian que el tribunal «alarga la agonía» de los encausados. Jordi Ros, uno de los procesados, fue el primero en pedir el archivo de su causa.
La causa se remonta a octubre de 2019. Los doce acusados se enfrentan a peticiones de entre ocho y once años de prisión por delitos de terrorismo, por su participación en acciones de protesta tras la condena de los líderes independentistas del procés. La Guardia Civil los detuvo tras más de un año de seguimiento en el marco de la operación Judas, al considerar que formaban una organización terrorista y les atribuyó la posesión de explosivos.
La resolución definitiva se espera para octubre, una vez transcurrido el plazo de alegaciones. Los CDR figuran entre los colectivos a los que la ley de amnistía, aprobada para cerrar las causas derivadas del procés, pretende beneficiar, junto a los condenados por el referéndum ilegal y los investigados de Tsunami Democràtic, en un pulso judicial que enlaza con la aplicación de la norma que el Constitucional también debe rematar en las próximas semanas.
