La Audiencia Nacional ordenó paralizar de forma provisional el campamento que el Gobierno instalaba en el puerto de Ceuta para acoger a los migrantes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo atendió así el recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había solicitado la medida cautelarísima, sin escuchar antes al Ejecutivo, de suspender el asentamiento.
Los magistrados requirieron al Ministerio de Transportes que entregue «con la mayor urgencia» y por vía telemática la orden que habilitaba ese espacio del puerto, al no constar publicada en el BOE, y le dieron de plazo hasta el mediodía de este mismo miércoles. «Hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas», señala la providencia, adelantada por El Español.
El proyecto del Ministerio contemplaba ocupar unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del puerto para levantar un dispositivo temporal con capacidad para más de 800 personas, ampliable hasta 1.700. La previsión del Gobierno era que las instalaciones estuvieran disponibles a mediados de esta semana y trasladar allí a parte de los migrantes que permanecen en la playa de El Trampolín, donde miles de personas siguen en asentamientos improvisados.
El sindicato sostiene que la ubicación carece de justificación técnica y operativa, y advierte de que el recinto portuario alberga instalaciones energéticas, áreas restringidas y un tránsito constante de personas y mercancías. La organización reclamó verificar los riesgos de incendio y de evacuación, la proximidad a infraestructuras de combustibles y servicios esenciales, y las consecuencias para los agentes ante posibles incidentes, después de los incendios registrados en los últimos días en varios asentamientos.
La portavoz del SUP, Ana Alarcón, sostuvo que «no nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí», y cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber calificado en el Senado la situación de Ceuta como un problema de «inseguridad subjetiva». Alarcón defendió que la inseguridad en la ciudad es «completamente objetiva» y desmintió las cifras del presidente Pedro Sánchez sobre una supuesta devolución voluntaria de 200 personas al día a Marruecos: «No nos constan esas cifras para nada».
La instalación del campamento arrastraba ya una fuerte polémica desde su origen. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había rechazado por 11 votos a 4 la cesión de los terrenos, y el Gobierno recurrió a una competencia estatal para autorizar la ocupación pese a esa negativa, en una decisión que provocó el malestar del tejido económico y político de la ciudad.
La Audiencia Nacional ha dado traslado al Ministerio de Transportes y al resto de partes para que presenten alegaciones en los próximos días, tras lo cual ratificará la paralización o levantará la suspensión. El freno judicial supone un contratiempo para la estrategia del Gobierno, que confiaba en el puerto como principal recurso para vaciar los asentamientos de la calle, y deja en el aire el traslado que estaba previsto ejecutar este mismo jueves, mientras miles de migrantes siguen pernoctando a la intemperie en Ceuta.
