La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que mantiene abiertas inspecciones fiscales de alcance general contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, y el empresario Julio Martínez, considerado su presunto testaferro. Las investigaciones, iniciadas entre el 15 y el 22 de junio, abarcan el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas correspondientes al periodo 2021-2024.
En el caso de Zapatero, la Agencia Tributaria abrió el 15 de junio actuaciones sobre su IRPF, IVA, Patrimonio y el impuesto a las grandes fortunas. Su esposa está sujeta a los mismos conceptos, salvo el IVA. Las hijas, Alba y Laura, administradoras de la empresa Whathefav, que el juez sospecha que pudo ser utilizada como sociedad instrumental para redistribuir pagos, quedaron bajo inspección el 22 de junio, coincidiendo con la semana en que el juez las imputó. En Valencia, la Delegación especial de Hacienda abrió entre el 19 y el 23 de junio inspecciones sobre Julio Martínez y once sociedades vinculadas a él por Impuesto de Sociedades e IVA de los ejercicios 2021 a 2025.
La apertura de estas inspecciones tiene un origen claro: el registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid el 19 de mayo, en el que la Policía Nacional halló 103 joyas ocultas en una caja fuerte y valoradas pericialmente en 1,3 millones de euros, cuyo origen y declaración tributaria están ahora en el centro de la investigación. La secretaria de Zapatero atribuyó entonces las joyas a regalos de viajes y a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa.
Hacienda ha preguntado al juez si debe paralizar sus propias pesquisas administrativas, dado que los hechos investigados coinciden con los que ya examina la Audiencia Nacional en sede penal, lo que según la ley obliga a ceder el protagonismo a la vía penal. Si el juez Calama ordena la suspensión, se interrumpirían también los plazos de prescripción para la liquidación de posibles deudas tributarias. Calama ha trasladado la cuestión a la Fiscalía para que informe al respecto. La investigación judicial se centra en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delitos fiscales vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros públicos en 2021.
